La nueva ola de reformas

A veces, el mayor riesgo que se corre al desear algo con mucha intensidad es que se convierta en realidad. “Ojalá vivas tiempos interesantes”, más que un buen augurio, es una antigua maldición china de esas que no se tienen memoria ni registro, que refleja lo angustiante y desolador que puede ser vivir en un tiempo en donde las incertidumbres constituyen nuestras únicas certezas.

Queriéndolo o no, al presidente el juego se le dio a más, y, de tanto trabajar para lograr su objetivo, este se concretó en mayo; de tal suerte que el PRM (y aliados) no sólo ganó la presidencia (57.44%), sino que posee mayoría en el senado (29 de 32) y en la cámara de diputados (146 de 190). Mayorías cualificadas y suficientes para promover cualquier reforma al marco jurídico vigente, ya sea a través de propuestas y/o modificaciones de leyes, incluyendo la constitución.

La espada de Damocles llevaba inscrita una cita que decía: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y ese gran poder que hoy tiene en sus manos el gobierno conlleva también la obligación de usarlo de manera prudente y comedida. La posibilidad de actuar de manera unilateral no debe imponerse a la necesidad de construir consensos y acuerdos que vayan más allá de lo legal y se encuadren en lo legítimo.

De igual forma, mal haría la oposición –y la sociedad en su conjunto–, en exigir que sean festinados los cambios legislativos estructurales que llevan años rezagados –algunos décadas–; durmiendo el sueño eterno en los escritorios del congreso; o siendo introducidos y perimiendo en el ciclo de las legislaturas.

El catálogo de códigos y leyes que necesitan ser promulgadas o actualizadas es amplio, diverso y disperso. El siglo XXI avanza rápido en el calendario y vertiginoso en la sumatoria de hitos tecnológicos que han dejado desfasadas muchas de nuestras leyes, de tal suerte que uno de los mayores desafíos del gobierno será establecer una hoja de ruta de las reformas legislativas, en función de su orden de prioridad y urgencia; una hoja de ruta con un horizonte temporal creíble, posible y transparente.

Ni aún con todo el poder, cuatro años no son suficientes para relanzar institucionalmente al Estado dominicano, actualizarlo a 2024, y crear las condiciones jurídicas que garanticen la sostenibilidad del crecimiento económico de las próximas tres décadas, con mayores niveles de equidad y desarrollo humano. Eso sin contar que las dinámicas de las aspiraciones presidenciales internas harán que, con el pasar del tiempo, los legisladores comiencen a alinearse con las agendas (e intereses) de los pre candidatos de cara al 2028.

Sería prudente pues, que el gobierno pueda articular, listar y socializar –ex ante–, sus prioridades legislativas; a la par de promover mecanismos y espacios de concertación social y difusión mediática que garanticen conocimiento, empoderamiento y endoso ciudadano; no porque legalmente sea necesario, sino porque legítimamente es correcto.