Aeropuerto de Bávaro: cancelados definitivamente vuelos a Absurdistán
En múltiples ocasiones, tuve la oportunidad de compartir mis análisis en relación al proyecto de construcción de un eventual Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), a muy poca distancia del actual aeropuerto internacional de Punta Cana.
Ahora que, mediante sentencia SCJ-TS-24-0479 de fecha 30 de abril de 2024, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha fallado nuevamente en contra de este proyecto, no solamente al rechazar el recurso de casación interpuesto por los promotores del AIB contra la sentencia 030-03-2021-SSEN -00434 de fecha 23 de septiembre de 2021 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), sino también a declarar inadmisibles tres recursos similares interpuestos por AIB en fechas 3 de noviembre de 2021, 17 de diciembre 2021 y 16 de febrero 2023, así como otro recurso de casación interpuesto por el Grupo Abrisa (GA) de fecha 24 de febrero 2023, me parece ahora más que claro que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro ya corrió, y de manera definitiva, la misma suerte del fallido proyecto del legendario puerto marítimo de Bárbaro en Absurdistán (referencia a mis artículos anteriores sobre el mismo tema).
Además de estas contundentes decisiones en el orden judicial, es preciso recordar que también otras opiniones oficiales han muy claramente rechazado la viabilidad del proyecto del AIB. En primer lugar, en cuanto a la muy sensible variable de medio ambiente, mediante resolución de fecha 12 de septiembre 2022, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) había anulado la licencia ambiental a favor del AIB. En segundo lugar, y no menos importante, la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del ministerio de Hacienda (julio 2020) había emitido una opinión muy desfavorable al Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), al indicar en sus conclusiones que los beneficios derivados de este posible proyecto no justificaban el sacrificio fiscal de RD$4,403.9 millones solicitado al Estado.
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