A propósito de los 19 procesos electorales que vivirá este año la región, me preocupa sobremanera escuchar jóvenes de toda Latinoamérica decir que todos los políticos roban y que votarán por el candidato que menos robe. El lawfare se ha convertido en un caballo de Troya para nuestras democracias. Aboguemos y luchemos por un sistema de justicia fuerte, veraz y capaz; comprometido con la justicia, la transparencia y la verdad como únicos peldaños para escalar
El mundo se ha llenado de capítulos funestos en los que se utilizan los medios y la justicia para moldear los acontecimientos políticos y frenar la oposición, a la vez que desacreditan la actividad política.
Cada vez más se ven los propósitos malsanos de estas acciones, cuyos resultados en el mediano o largo plazo resultan ser dañinos para la democracia, para la confianza de los ciudadanos y para la salud mental colectiva, porque quedan reducidas a un mero espectáculo populista.
Tenemos años siendo espectadores del lawfare, la mediatización y la judicialización de la política, en Perú, en Colombia, en Guatemala, Brasil, Argentina, República Dominicana, también en Portugal y ahora en España. Parece que ningún país se librará de este fenómeno.
El guión para estos procesos parece calcado en todos los casos. Primero, tomar medios de comunicación que lancen un ataque con medias verdades, normalmente alimentados por grupos del extremo ideológico. Si alguna noticia genera interés, se traduce en manifestaciones de indignación por parte de grupos en las redes sociales, casi siempre sin mostrar su cara. A seguidas se suman grupos políticos o personalidades que quieren pescar en río revuelto o que son engañados en su buena fe de querer ser “buen ciudadano”. De pronto aparecen denuncias que llevan lo mediático y lo político al ámbito judicial.
Es muy preocupante y desalentador el que cada vez más se use el sistema legal y de justicia como arma política, buscando deslegitimar a los actores políticos, degradar el debate político y cortar la agenda de desarrollo, para generar una verdadera “guerra político/ judicial” en la región y elevar la “popularidad” de los gobiernos de turno.
Esto no quiere decir que el sistema de justicia no deba perseguir los actos de corrupción o la violación de la Ley aprovechándose de un puesto público. El imperativo ético más importante para los políticos y los partidos y organizaciones políticas en el siglo XXI es abrazar con acciones el discurso de proscripción de la corrupción que reclama la sociedad, en todas partes del mundo. Como siempre hemos dicho y ejercido, a la política se va a servir no a servirse. No hay un delito más deleznable y repudiado que el que comete un servidor público en contra de todo un pueblo.
Sin embargo, si las fuerzas vivas de la nación no ven más allá de la curva ante este reto real y presente, podría profundizarse el problema, más allá de solucionarlo, y peor aún, ¡normalizarlo! El uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política y la aplicación de la ley como armada para destruir al adversario está polarizando las sociedades y llevando a los gobiernos a convertirse en inoperantes e incapaces de avanzar la agenda de desarrollo económico y social que requieren los países.
Las organizaciones políticas están compelidas a actuar ante esta realidad, a recuperar la legitimidad ante la ciudadanía como forma de detener el auge del populismo y que se sigan abriendo las puertas a los gobiernos autocráticos en la región, que son la antesala de dictaduras, aún tengan respaldo popular.
Sobran los ejemplos en la región, de procesos de crispación política que han terminado en aumento de la pobreza, crisis económica, menos inversión extranjera, inflación y desconfianza hacia las instituciones públicas. El riesgo, como hemos visto, es alto. La justicia debe ser justa y para eso debe alejarse de las prácticas que hoy constituyen el lawfare en América Latina y Europa. Sin justicia no hay paz, y, sin paz, no hay democracia.