La verdad no ofende, la mentira sí

Entre el chovinismo y el nacionalismo hay una línea difusa. En tiempos de desguace del Estado moderno y del desmantelamiento del orden westfaliano, hablar de soberanía suena a quimera, máxime cuando dicho concepto se opone a otro más fuerte; cuando la realpolitik nos recuerda que hay Estados que son más Estados y más soberanos que otros. En esa lógica, interpretar en doble vía lo que un Estado hace o deja de hacer, partiendo de la falsa premisa de equivalencia soberana, es risible; y cualquier análisis sobre el desafío que supone el colapso del Estado haitiano para nuestro país –hecho a la luz del deber ser o la buena vecindad–, y no de las prioridades geopolíticas del vecino del norte, es estéril.

Así las cosas, a cuatro días de EEUU haber aprobado un paquete de US$95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán y a tres de aprobar US$9.8 de ayuda humanitaria para Gaza, Sudán y Haití, queda claro cuáles son sus prioridades y quién –a la luz de las mismas–, está llamado en el rompecabezas del Caribe a hacerse cargo de la debacle haitiana.

El Informe del Departamento de Estado sobre la situación de los Derechos Humanos en el país (2023), funge como acta de comprobación de las acusaciones que de manera sostenida viene siendo objeto el país por parte de ONGs que trabajan temas relacionados a migrantes, y, a los fines de este artículo, migrantes haitianos. Concentrándonos únicamente en ese tópico y excluyendo otros, el mismo se convierte en una seria acusación contra el Estado dominicano, a partir de constataciones y señalamientos de casos puntuales e individuales (excepcionales, execrables y que merecen sanción) sobre los cuales se hacen afirmaciones de índole estructural y sistémico, que no obedecen a la realidad masiva, sino más bien, aislada.

Ciertamente que en los procesos de deportaciones de migrantes se presentan situaciones que –circunstancial y ocasionalmente– vulneran derechos fundamentales de los deportados, ahora bien: ¿se puede afirmar que es una política de Estado o una práctica dirigida?, ¿en los casos en que han sido denunciadas violaciones al debido proceso o la ley por agentes de la Dirección General de Migración no ha habido una respuesta institucional e inmediata del Estado en ese sentido?

Que se nos endose como falta “la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal, y los abusos de derechos humanos asociados, devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución” es poco menos que pedirnos que no cumplamos con nuestra Ley General de Migración, que ignoremos nuestra Carta Magna y que reasumamos nuestra condición de república bananera.

El informe es bienvenido, porque señala duras verdades, oportunidades de mejora en el debido proceso y salvaguarda de DDHH de migrantes; pero que bajo ese buen deseo no se cuelen mentiras que no son verdades, sino más bien acusaciones que persiguen lograr un fin político y hacernos cargar con una culpa que no nos toca.