Jean Alain: remedio y remedo (3)

Como si me dedicara a la adivinación, pude prever, en el título de este artículo, las acciones que vendrían después de la rueda de prensa en la que los abogados de Jean Alain Rodríguez dieron a conocer la Opinión No.46/2023 del “Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria” del “Consejo de los Derechos Humanos de la ONU”, según la cual dicho grupo, luego de hacer las comprobaciones de lugar, se expresa convencido de que la prisión de Jean Alain Rodríguez deviene arbitraria, básicamente porque se le violó el derecho de defensa mediante varias acciones y omisiones durante el curso del proceso penal que aún tiene pendiente.

Efectivamente, el órgano persecutor dio una rueda de prensa que resultó ser el remedo de la que hicieron los abogados de Jean Alain, un frustrado intento de imitación de esta que, además de burlesca, tomó cariz de comedia: el Ministerio Público respondió con argumentos Ad hominem ofensivo, o sea, justificando las acciones u omisiones de las que la indicada Opinión le hace responsable, enrostrándole a Jean Alain que mientras fue Procurador General de la República no observó las providencias necesarias para asegurar a los procesados el derecho de defensa. Y, para colmo, el Ministerio Público apareció en dicha rueda de prensa acompañada de un funcionario del Gobierno, sin detenerse a pensar las implicaciones que ello tendría en la percepción colectiva acerca de su independencia.

No estoy vinculado a Jean Alain Rodríguez en modo alguno. Muchos han interpretado este artículo como una defensa a su persona, lo que es totalmente falso. Hubiera hecho este artículo, aunque el beneficiario de la indicada Opinión hubiese sido el “sindicalista” más desacreditado del país. Esto, porque lo que he querido destacar es la inobservancia de la norma y el peligro que ello representa para la institucionalidad democrática y, sobre todo, he querido, además, evitar al Gobierno que sea percibido como interviniente oculto bajo cuyos designios opera el Ministerio Público, aspecto que muchos de sus propios funcionarios descuidan. Siento, como ya he dicho, que lo mejor que puede hacer el Gobierno es obtemperar a las solicitudes del “Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria”. No pierde nada con ello, y hasta, contrariamente, podría dejarle una baza que capitalizar en futuras pretensiones en el ámbito geopolítico. En cambio, si no obtempera a ello, tendrá una espinita en el costado, un elemento suelto en el ámbito del Derecho Internacional Público y de las Organizaciones Internacionales que podría resultarle atractivo a un eventual enemigo para hacer daño a su reputación.