El patriotismo hay que pagarlo

Muchos economistas comparten la preocupación de que el cierre de la frontera tendrá efectos negativos en nuestra economía, ya que, si bien es cierto que el intercambio comercial no supera el 9% de nuestras exportaciones, Haití es un país con el cual tenemos balanza comercial favorable y al que podemos exportar productos de manera constante y expedita.

Llevan sobrada razón quienes arguyen que no es tan simple decir “busquemos mercados donde redirigir nuestra producción”, que hacerlo. La construcción de nuevos nichos y destinos toma tiempo, y a eso hay que añadir los desafíos institucionales, barreras fitosanitarias, adecuación a los requisitos del país destinatario, y un largo etcétera.

Hablamos de un proceso complejo y sofisticado que toma tiempo, no precisamente el tiempo de que disponen aquellos productores y agro empresarios que han estructurado todo un modelo de negocio en torno al intercambio comercial fronterizo, tanto al formal como al que se da a través de los mercados habilitados al efecto.

Ahora bien, esas legítimas preocupaciones no incorporan otras variables que van más allá de lo económico, y, en los hechos (sujeto a medición), el impacto del componente migratorio puede que supere con creces —a medio y largo plazo—, los beneficios inmediatos que reportan quienes están vinculados a los intercambios comerciales fronterizos. En efecto, el colapso del Estado haitiano y la crisis de seguridad sin precedentes que vive el vecino país ha acelerado el proceso de expulsión de su población, la cual, por razones geográficas obvias, ve a dominicana como su destino natural inmediato.

Este efecto avalancha desborda la capacidad de absorción de nuestro mercado laboral, degrada las condiciones de nuestros trabajadores y los desplaza; ni hablar de la saturación de nuestro sistema sanitario y la crisis política futura que se gesta en ocasión de los miles de partos anuales de migrantes haitianas en nuestros hospitales; madres sin documentos de identidad de su país de origen, que dan a luz a infantes sin documentos y sin posibilidad alguna de obtenerlos bajo la legislación dominicana.

El cierre de la frontera y la batería de medidas adoptadas por el gobierno, más que necesario es imprescindible, no sólo para ordenar la casa, sino para redefinir su gestión. Esas medidas suponen un perjuicio económico que puede generar un costo social y político (y mayo viene bajando), y el gobierno está obligado a mostrar sobre la mesa —de manera inmediata, escrita, articulada y transparente—, el diagnóstico de la situación, el paquete integral de medidas compensatorias y el levantamiento de todos los actores vinculados a las cadenas de valor de los bienes exportados hacia Haití, en tanto obligados beneficiarios.

En definitiva, el gobierno debe poner los recursos en el discurso, y ponerlos ya, de lo contrario, corre el riesgo de que la realidad se imponga a las palabras y las urnas hablen como mejor saben hacerlo.