La paradoja electoral de Guatemala

Antes hemos visto burlas a la democracia en elecciones de Venezuela y Nicaragua; ahora rompe una larga trayectoria de elecciones libres y limpias Guatemala… Malos preagios en el horizonte

Que las elecciones realizadas bajo las dictaduras de Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua) sean fraudulentas no sorprende a nadie. Sin embargo, aún con muchas dificultados y crisis institucionales, Guatemala mantenía una marca bastante notable de realizar elecciones con libertad y reconocidas internacionalmente desde 1985. Eso cambió por completo este año.

El proceso electoral 2023 ha sido un verdadero desastre, al extremo de que el mayor protagonismo lo ha tenido el Ministerio Público (MP), con la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche asumiendo funciones que corresponden al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Han desatado una auténtica cacería de brujas para intentar que el ganador de las elecciones del 20 de agosto, el socialdemócrata y opositor Bernardo Arévalo no pueda asumir con normalidad el próximo 14 de enero de 2024.

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones generales del 25 de junio, en las que varios de los candidatos aliados al oficialismo quedaron fuera del balotaje de segunda vuelta, el MP inició un acoso en contra de Semilla, el partido de Arévalo, y del propio TSE, que vio como sus oficinas eran allanadas por fiscales y agentes policíacos encapuchados, buscando cualquier indicio de “anomalías” que les permitiera impugnar la voluntad popular expresada en las urnas.

No por la gracia del MP y sus feroces fiscales, sino más bien por la presión social e internacional, Guatemala logró llegar a la segunda vuelta electoral y todas las encuestas daban como amplio favorito a Arévalo sobre la aliada del oficialismo Sandra Torres, una populista de izquierda que ha perdido tres elecciones consecutivas en el balotaje final.

La avalancha de votos a favor de Arévalo provocó una segunda ofensiva judicial contra el TSE, sus autoridades y también de intimidación contra todos los ciudadanos que, voluntariamente, prestaron su servicio como autoridades de las mesas electorales.

Pero el MP ha ido más allá y trata de actuar contra el partido Semilla y sus dirigentes, con el fin de encontrar los mecanismos que impidan que Arévalo pueda asumir como presidente o, en caso de que impedir esto sea imposible, que al menos lo haga en condiciones precarias y con un partido muy desgastado.

Arévalo basó su campaña en el anuncio de una lucha frontal anticorrupción. Es critico también de la impunidad imperante en Guatemala, bajo un sistema de justicia que deja libres a los implicados en corruptela y persigue y condena a quienes denuncian o luchan contra este cáncer que afecta a casi todos los políticos cuando hacen gobierno.

En el caso de lo que pretende el MP en Guatemala, no busca de manera auténtica ilegalidades, sino que busca indicios de cualquier naturaleza que sirvan para presentarlos como que si se tratara de violaciones a la ley. En realidad, quienes violan una y otra vez leyes y la propia Constitución, son los dos fiscales mencionados, por cierto, ambos incluidos por Estados Unidos en la Lista Engel, creada para sancionar a personas que se consideran “corruptas y antidemocráticas” en los países centroamericanos.

La paradoja constituye en que, en nombre de la ley, se actúa de manera ilegal y con fines aviesos para impedir que se cumpla el mandato que más de 2.4 millones de guatemaltecos dieron en las urnas.

Mientras, los observadores electorales de la OEA y de la Unión Europea, lo que los nacionales que supervisaron el proceso, han declarado que las elecciones en sí resultaron un ejercicio “ejemplar”. Los ciudadanos acudieron a las urnas y ahora exigen que se respete su voto.

La última patraña autoritaria del MP, es la amenaza de persecución penal contra aquellos que se manifiestan en las redes sociales contra sus decisiones arbitrarias. Se olvidan –una vez más– que la Constitución de este país garantiza la libre expresión del pensamiento y que cualquier critica que se haga a funcionarios en el ejercicio de su función, puede discutirse jurídicamente sólo por medio de un tribunal de imprenta.

Esto, por supuesto, lo conocen fiscales y jueces coludidos con la alianza oficialista, pero no lo respetan. Prueba de ello es que se persigue judicialmente también a periodistas que han escrito y expresado opinión sobre jueces y fiscales evidentemente corruptos y coludidos con el sistema de impunidad.

Mucha agua ha de correr aún en Guatemala y la democracia estará en peligro mientras el MP no cese en sus acciones, algo que parece lejos de suceder.

*(Periodista, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa)