Lo más frustrante para un profesional debe ser no ejercer en la carrera que estudió.
El diploma termina enmarcado en la sala de su casa como testimonio de lo que fue y quizás nunca será, aunque siempre esa persona mantenga vivos los anhelos de aportar en el área en que se formó.
Igual ocurre con la mayoría de normas aprobadas en el país. Resoluciones, decretos, reglamentos y leyes, estas últimas fruto de extensos debates y consenso, con vistas públicas incluidas, terminan en letra muerta, dignas de ser enmarcadas para colocarlas, a la vista de todos, en entidades públicas y privadas.
Traigo esto a colación por la reciente explosión que había dejado hasta ayer sábado 32 muertos en la ciudad San Cristóbal, en una zona donde confluían empresas de elevado riesgo operacional.
Conociendo uno la idiosincrasia de nuestro país, no será la última vez que ocurra una tragedia de esa naturaleza. Los medios de comunicación se han encargado tristemente de recordarnos eventos anteriores, reseñando también las reacciones de funcionarios públicos, a todos los niveles, que han lucido "consternados", "impactados", “apenados” y "conmocionados”, incluidos aquellos que deben velar para que no se repitan esos lamentables eventos, con saldos de tantas muertes y el imborrable dolor que dejan en las familias afectadas.
Leí con atención las exhortaciones sobre la necesidad de fortalecer la prevención para evitar sucesos similares, y observé la movilización pública y privada para asistir a los afectados, una práctica muy común luego de esos golpes "inesperados".
Encomillo ese último término porque el país cuenta con el Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios (R-32), puesto en vigor en virtud del decreto 85-11, del 24 de febrero de 2011, y modificado por los decretos 364-16 y 347-19.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tomó como base para su elaboración la Ley 687, promulgada el día 27 de julio de 1982, mediante la cual el Estado dominicano creó un Sistema de Reglamentación Técnica de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, para garantizar la seguridad de las estructuras, habitabilidad y la preservación de la ecología.
El reglamento, con la friolera de 427 artículos, establece minuciosamente todos los requerimientos mínimos para el diseño, construcción y mantenimiento de las edificaciones y estructuras.
Contiene disposiciones puntuales relativas al diseño arquitectónico, estructural, mecánico, hidráulico y eléctrico, que proporcionen las facilidades mínimas necesarias para prevenir los incendios o controlarlos en sus inicios, y en caso de que sea inevitable su propagación, contar con los medios adecuados para evacuar a los usuarios y extinguir el fuego de manera efectiva, todo esto minimizando las pérdidas de vidas y bienes materiales.
Un detalle interesante contenido en el R-32 es que todos los dispositivos utilizados para la instalación de los sistemas contra incendios deberán estar listados, certificados y rotulados por laboratorios reconocidos internacionalmente, o aprobados por Obras Públicas.
Pero, una vez construido el inmueble y puesto en servicio, esta norma también contempla las inspecciones y supervisiones frecuentes que permitan verificar la condición y el mantenimiento dado a las edificaciones.
Eso incluye constatar si se aplican las medidas preventivas, como rutas de evacuación, escaleras y puertas de emergencia, extintores en lugares visibles y disponibles de manera inmediata, rociadores automáticos de agua para mitigar fuegos en su etapa inicial, alarmas, estaciones de mangueras e instalación de hidrantes en el exterior.
El reglamento se auxilia de una serie de normas para verificar el mantenimiento e inspección periódica de los sistemas contra incendios en edificios existentes, una responsabilidad del MOPC y de los cuerpos de bomberos. Claro, en el caso de estos últimos organismos, dotándolos previamente de las condiciones materiales y humanas para eficientizar su labor y evitar que las empresas operen a la libre en materia de prevención de desastres.
Ingenieros calificados participaron en la elaboración de este reglamento y en su revisión técnica, que contó, asimismo, con el aporte de profesionales y técnicos de diversas instituciones públicas y privadas.
Pero pese a contar con este valioso instrumento de prevención, tragedias como la de San Cristóbal se repiten con frecuencia, seguidas de la frenética movilización “solidaria” que generan.
El presidente Luis Abinader, funcionarios de su gobierno, políticos y hasta influencers, visitaron la zona del desastre. Y aunque es loable ese acompañamiento en medio del dolor y las carencias que acarrean estos sucesos, uno espera que también sean parte del pasado, si nos enfocáramos más como país en la prevención que en la vitrina de la dádiva, en muchos casos con el único propósito de sacar provecho político a la desgracia ajena.
Fue incluso indignante observar a gente saqueando negocios y robando en viviendas que sus ocupantes abandonaron para protegerse después de la explosión, y muy penoso observar a legisladores fiestando, en medio de un luto nacional que el pueblo asumió de manera automática, mucho antes de que lo establecieran declaratorias oficiales.
Pienso que una tarea urgente sería verificar cuántas estructuras que alojan a empresas y establecimientos comerciales de alto riesgo operacional, cumplieron con este reglamento antes de entrar en operación y si siguen observando esas disposiciones para garantizar la seguridad de sus empleados y usuarios.
Velar más por los controles y el seguimiento para evitar tragedias como la ocurrida en la empresa Polyplas, en diciembre de 2018, y la reciente de San Cristóbal, nos ahorraría la “conmoción a posteriori” y el circo de la “solidaridad momentánea” que con el correr de los días quedan en el olvido.