Las lecciones de las elecciones españolas
Las elecciones españolas del pasado 23 de julio encierran importantes lecciones para los dominicanos y puertorriqueños a menos de un año de la puesta en marcha de nuestros respectivos eventos electorales.
Pero antes de pasar a las lecciones que podemos derivar de la marea electoral española dediquémosle algunas líneas a entender cómo es que funciona el sistema político español.
¿Qué fue lo que eligieron los españoles el 23 de julio? ¿Un presidente? ¿Pero acaso allá no hay un rey? ¿Y si el Partido Popular español (PP) fue la colectividad que más votos y escaños obtuvo por qué no fue declarado ganador de las elecciones y no ha podido acceder al poder? ¿Por qué su líder Alberto Núñez Feijóo no fue proclamado presidente del gobierno esa misma noche? ¿Y qué tanto celebra Pedro Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuando sacó menos votos que el PP? ¿Y por qué los soberanistas catalanes y vascos son quienes podrían decidir quién habrá de gobernar España por los próximos 4 años? ¿Y por qué fue que colapsó la envalentonada derecha española hoy encarnada en Vox y su líder Santiago Abascal?
Lo primero que hay que entender es que, a diferencia de Puerto Rico (y Estados Unidos), España es una monarquía constitucional en donde el poder político recae sobre las Cortes Generales que no son otra cosa que un parlamento bicameral compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Conforme la Constitución de 1978 es el Congreso de los Diputados el cuerpo rector de la vida política española, sobre el cual recae la última palabra tanto en materia legislativa así como en materia ejecutiva. Y es así porque, distinto al sistema presidencialista norteamericano (importado a Puerto Rico), en España no existe una separación de poderes estricta entre las ramas legislativa y ejecutiva --- esta última surge de la primera. Dicho de otra manera, tanto el presidente del gobierno así como los ministros que encabezan la rama ejecutiva (equivalente a los secretarios del gabinete del gobernador) son a su vez diputados del Congreso.
El Senado español, por su parte, juega un rol sumamente limitado --- aprueba o enmienda en segunda lectura los proyectos aprobados por el Congreso de los Diputados pero aun así sus determinaciones dependen de la ratificación final de los diputados y no ostenta responsabilidades ejecutivas.
Cabe destacar que el sistema parlamentario español en sus orígenes (a finales de siglo 19) se diseñó a la luz del modelo británico de Westminster tal y como reflejó la Constitución de 1876 urdida a cuatro manos por Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta. Y luego del oscurantismo constitucional que significó el franquismo (1936-1975), los constituyentes españoles de 1978 se decantaron por la ruta del sistema parlamentario anclado a un ordenamiento de monarquía constitucional.
Así las cosas, el pueblo español acudió a las urnas el pasado 23 de julio con la misión de elegir los 350 miembros del Congreso de los Diputados (y 208 senadores). Para los partidos el desafío era llegar al número mágico de 176 diputados --- que es la mayoría absoluta para controlar el Congreso de los Diputados y por consiguiente acceder al poder ejecutivo ya que el líder del partido que obtenga la mayoría absoluta en esa cámara pasa a ser presidente del gobierno y, a su vez, es quien escoge (a través del rey quien los nombra a petición suya) a los ministros conforme establecen los artículos 99 y 100 de la Constitución española.
Lejos de ostentar un cargo político, sujeto a los vaivenes de la marea electoral, el rey español es el jefe del estado símbolo de la continuidad histórica y constitucional de España. Su rol postelectoral se ciñe estrictamente a sostener consultas con el liderato político representado en el Congreso de los Diputados y a proponerle a los diputados (como resultado de aquellas conversaciones) un candidato a presidente del gobierno. Recaerá sobre ese candidato propuesto por el rey, y no sobre el monarca, la pesada tarea de allegarse los 176 votos en el Congreso de los Diputados (mayoría absoluta) que se requiere para formar gobierno. Si en la primera votación de investidura no logra los 176 votos, entonces en una segunda votación podría prevalecer si al menos logra mayoría simple. De no ser así, el rey reanudará las consultas con el liderato político y si transcurrieran 2 meses sin que nadie logre formar gobierno el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones (como ocurrió en 2019).
El pasado 23 de julio ningún partido llegó por si solo al número mágico de 176. Y aunque el PP obtuvo el mayor número de votos (poco más de 8 millones) y de escaños (136) se quedó corto. Aun sumando los escaños de su aliado Vox (33) no llega a los 176.
Sorpresivamente es el PSOE (122 escaños), actual partido de gobierno, que muy a pesar de la zurra que cogió en las pasadas elecciones municipales de 28 de mayo está en mejor posición de llegar al número mágico de 176 en concertación con movimientos políticos aliados (incluidos los soberanistas catalanes y vascos).
¿Y finalmente cuáles son las lecciones que nos llegan de España?
Primera lección: las encuestas no son infalibles. Ninguna encuesta detectó a tiempo la virazón que acaba de sacudir a España.
Segunda lección: el voto adelantado llegó para quedarse. El partido que no entienda esta realidad está abocado al más abyecto fracaso.
Tercera lección: el discurso político hostil a los derechos libertarios de las mujeres, las minorías étnicas, la comunidad LGBT+ y la ciudadanía en general repelen a la gran mayoría silente del electorado independiente que es el que sube y baja gobiernos. Ahí la debacle de Vox.
Cuarta lección: en política no hay cadáveres. Si no me cree pregúntele a Pedro Sánchez, el ave fénix de la política española.