La intención es buena, relevante y debe ser tomada con toda la seriedad que tiene.
El que el Presidente de la República anuncie que dispuso que las auditorías que a las instituciones públicas produzca la Contraloría General de la República es valiente. Y así han comenzado a salir al público los detalles de dichas investigaciones.
Las violaciones al manejo de los recursos del Estado, expresamente para algunos robárselo, o simplemente por ineficiencia administrativa son parte, desgraciadamente, de la norma de costumbre en el manejo que se da al dinero público, a los procedimientos que se implementan a veces por ineptitud, otras expresamente para poder distraerlos hasta de la manera más burda.
Lo importante ahora es que las auditorías de la Contraloría, una vez puesto en conocimiento de la sociedad sobre las realidades del manejo de los recursos públicos, de los procedimientos aplicados en las dependencias del Estado, se tomen los correctivos –si algunas violaciones fueran de tipo procedimental- y hasta judicial si se dispendiaron en favor de terceros, si se robaron los recursos del erario.
Porque hacemos muy poco, o nada, con el conocimiento del problema y no hay consecuencias.
Y lo que es peor, es tratar de escurrir el bulto acusando a la prensa, a medios, a periodistas, de ser los responsables por las denuncias de corrupción y robos de los recursos del Estado, cuando los verdaderos responsables son los que cometen esos robos y los que los protegen.
Si no hay consecuencias, todo será parte del pan y circo que hemos tenido por mucho tiempo.