Lamentablemente el colapso hace unos días de un edificio de cuatro niveles en etapa de construcción en la provincia San Cristóbal reitera las debilidades existentes en las regulaciones y las componendas entre los que están llamados a hacer cumplir las normativas o establecer las sanciones que involucran este tipo de infraestructuras.
Comprobar que la edificación caída no contaba con los permisos requeridos por los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni el de la Vivienda (MIVED), y que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) denuncie una “epidemia” de construcciones ilegales y con vicios, muestran lo grave de la situación.
Y es que paradójicamente, la ausencia de controles contrasta con lo que es, pero solo en términos burocráticos, un exceso de los mismos. Esto porque para levantar una obra hay que hacer una serie diligencias y se necesitan un paquete de certificaciones como la de la alcaldía del municipio, el MIVED, el MOPC, el CODIA y hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Acciones que se obvian en la práctica y que solo salen a la luz cuando ocurre un incidente como este de San Cristóbal, donde el derrumbe afectó cuatro viviendas circundantes, o el de hace 6 meses en la Vega, con el saldo fatal de una persona fallecida y varias heridas.
Las denuncias (y videos) de que antes de terminar -o empezar- las investigaciones ya una retroexcavadora estaba retirando los escombros, complica, contamina y agrava mucho mas un tema que merece ser tratado con mayor rigor y carácter porque es recurrente y muy peligroso.