Por una estructura comercial eficiente

República Dominicana necesita robustecer su economía de mercado; la que se deja regir por las fuerzas de oferta y demanda donde el cliente final – no el gobierno central - es el que manda. En principio el Estado está llamado a fomentar un ambiente donde consumidores y oferentes puedan interactuar cómoda y confiadamente. Esto a través del desarrollo de infraestructuras tangibles e intangibles que velen por la integridad física y jurídica del ciudadano.

Sin embargo, hoy por hoy, el desempeño del Estado deja mucho que desear respecto de su rol de centinela de ley y orden en el territorio que tiene el deber de gobernar con el mayor grado de eficiencia y eficacia. Más aún, en ocasiones el Estado parece estar reacio a que la mano invisible del mercado haga su trabajo de decidir quién gana en la economía dominicana. Pues, lamentablemente, el sistema político-clientelar que tiene a la nómina pública en sobrepeso y al pobre del pueblo mendigando míseros pesos se impone y decide quién gana y quién pierde en un país donde, como dijo Tucídides, “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.

Bajo ese predicamento nuestro potencial de convertirnos en una nación primermundista está y permanecerá inerte por la incidencia de poderes fácticos; poderes que se sirven de la ineficiencia, la ignorancia y la corruptela política que son la norma y no la excepción en nuestras tierras que no obstante esta realidad insoslayable, siguen siendo benditas.

Usualmente, en el sistema clientelar que impera en nuestro patrio lar, gana no el más eficiente, sino el que mejor relación tiene con la autoridad que tiene la potestad de decidir en torno a tal o cual particular relativo al comercio o cualquier otra área de la vida nacional.

Sin dudas, al ser pesado en la balanza que mide la eficiencia y la eficacia el gobierno dominicano ha sido hallado falto como lo evidencian los robos, atracos e invasiones a la propiedad privada que son el pan de cada día en República Dominicana. Ciertamente la proliferación de estos comportamientos antisociales erosiona en medida significativa no solo la rentabilidad, sino también la escalabilidad de la actividad comercial en territorio nacional.

Ahora, específicamente, ¿cómo incide la debilidad del sistema de mercado en la perpetuación y profundización de los males sociales que se viven en la patria de Duarte? Incide, entre muchas otras cosas, de manera indirecta, en la exacerbación del problema de la inflación de los precios de los productos de la canasta básica.

En ese sentido consideremos los permisos de importación a tasa cero que se otorgaron en virtud de la Ley 6-22 promulgada en abril del año pasado. Como recordaremos, los particulares fueron otorgados con el objeto de atenuar el alto nivel de inflación que la economía mundial estaba empezando a experimentar. Mas, la naturaleza de la distribución de dichos permisos contrarrestó la razón de ser de los mismos ya que algunos de los que originalmente recibieron la concesión se la vendieron a terceros; terceros que, a su vez, a pesar de importar los rubros a tasa cero, le pasaron el costo de obtener el permiso de importación al consumidor final, cancelando, en medida significativa, el efecto que buscaba el gobierno de abaratar los precios de los alimentos.

Al cancelar ese efecto, lo que fue diseñado como una válvula de escape ante la alta presión social generada por el incremento en el costo de vida, terminó aumentando el cilindraje del motor que genera dicha presión en primer orden, resultando, de esa manera, en un aumento en el nivel de descontento de la población en sentido general y del comportamiento antisocial (robos, atracos, etc.) en sentido particular.

En este caso en específico, la raíz del problema estuvo en el patrón político-clientelar que se siguió en la otorgación de los permisos de importación. Ello explica la razón por la cual algunos de los que recibieron los permisos originalmente no fueron los entes idóneos para importar y distribuir los rubros de consumo masivo.

Los agraciados fueron, en cambio, entes que quizás tenían un vínculo coyuntural con las autoridades de lugar; entes que subsiguientemente vendieron los permisos a terceros, los cuales, a su vez, como dijimos anteriormente, le pasaron el costo de la obtención del permiso al consumidor final, erosionando, de esa manera, el bienestar nacional que el gobierno, en principio, quiso fomentar.

Cabe decir, finalmente, que este fenómeno se da no solo en materia de importación de bienes, sino también en las concesiones de proyectos infraestructurales donde el concurso lo gana uno, pero la obra la termina ejecutando otro fuera del marco de tiempo y presupuesto originalmente estipulados.

Para darle un golpe mortal a esa cultura política que tiene a nuestra nación en una situación crítica, no necesitamos más Estado metiendo la mano en los bolsillos del erario. Lo que necesitamos es, de hecho, menos Estado y más economía de mercado haciendo el trabajo de encauzar recursos a las manos más capaces de administrar y potenciar de manera integral la riqueza nacional.

El autor es economista. Sitio web: www.jonathandoleo.com