Recientemente, fue depositado ante el congreso de la república el proyecto de ley que traerá consigo la creación de un Ministerio de Justicia, el cual vendría a sustituir a la Procuraduría General de la República.
La constituyente del 2010, le otorgo rango constitucional al órgano del Ministerio Público, de la misma manera quedo establecido la designación de quien ocupará la posición más relevante de esa institución. Capítulo V, (artículos 169 y siguientes).
En tal sentido, ¿Ahora me pregunto? Con la conformación del Ministerio de Justicia, realmente obtendremos la independencia del Ministerio Público, pienso que no.
Simplemente, porque está consagrada en el artículo 17 de la ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, cuando señala el, Principio de Independencia. ¨El Ministerio Público desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado, a los cuales no estará subordinado; en consecuencia, no podrá ser impelido, coartado u obstaculizado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Jueces y Tribunales de Justicia en el ámbito exclusivo de su competencia, El Ministerio Público podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones y deberá prestar su colaboración al ejercicio de la facultad de investigar que corresponde a las cámaras legislativas o sus comisiones, cuando le sea requerida¨.
La libertad funcional del ministerio público está plasmada tanto en la Constitución política de la república, como en su ley orgánica desde su promulgación.
A mi modo de ver las cosas, la independencia no, es más, que la no subordinación a ningún poder del estado, sumado esto al pensamiento crítico, objetivo e imparcial, de hombres y mujeres que gravitan en ella.
Estoy de acuerdo que se deben reducir las cargas que sostiene los hombros de la Procuraduría General de la República, pero invito a que los promotores de ese proyecto, no dejar de lado la carrera del Ministerio Público, muy por el contrario, robustecer su accionar ante la sociedad.
Nadie puede oponerse al avance del sistema de justicia dominicano, pero si apuesto a que sea más transparente, eficiente, participativo, incluyente, y menos complejo.