Política sin institucionalidad
El pasado 27 de febrero una vez más recibimos el gran legado de los fundadores de nuestra nacionalidad: Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, quienes entregaron la integridad de sus vidas, abrieron el sendero hacia la independencia nacional y con ella, nuestro deber ineludible de defender nuestra soberanía con un ejercicio político apegado al más sublime compromiso de preservar nuestra libertad.
El ejercicio político ha atentado contra la institucionalidad con el objetivo de manipular los tentáculos del poder político, trastocando el deber supremo de impartir justicia irrespetando el marco jurídico establecido, aplicando la ley a los más débiles y la impunidad para los más influyentes. Se vulneran las elecciones, las licitaciones, los presupuestos y procedimientos legales. El chantaje político es la base de la gobernabilidad, con la práctica de adueñarse de expedientes para avalar la impunidad recíproca. El Ideario Duartiano se concibió en el respeto a las instituciones con base en una convivencia cívica, donde los compromisos, derechos y deberes se sustentaran en el cumplimiento a la Ley y los principios morales.
La mayor carga ha recaído sobre los ciudadanos que han servido de garante de la política de endeudamiento que nos ahoga. Cuando se pierde la institucionalidad quedamos desprotegidos en la actividad económica, el parasitismo golpea las prioridades en la inversión y el activismo político sustituye el desarrollo en el conocimiento de la educación. La democracia no es solo legitimar un mandato constitucional, sino la fortaleza de respetar sus instituciones.