Una reforma que genere equidad
Gustavo Petro, recién juramentado presidente de Colombia, plasmó en su discurso de toma de posesión una visión de la igualdad que marcará la pauta para los demás países de la región o que, por lo menos, servirá de referencia para futuros procesos políticos en nuestro subcontinente. En la era de la pospandemia, los gobiernos serán juzgados por su capacidad de distribuir con equidad los recursos del Estado para generar desarrollo económico y social. Esto no quiere decir que la visión progresista en la que nos inscribimos busque quitarle a los que más tienen para darle a los que menos han podido obtener. Para nada.
Lo que significa es que el Estado tiene la responsabilidad de hacer realidad un estándar mínimo de calidad de vida para todos los ciudadanos, que en la medida en que se implementan los planes de desarrollo y las inversiones públicas, se va elevando con el devenir de los años.
Aunque lo queramos obviar o posponer, las reformas tributarias pendientes en la región constituyen el tema más difícil de abordar, pero el único que no puede faltar en una Estrategia Nacional de Desarrollo de largo plazo que apunte hacia la mejora del país y la mejora en los indicadores socioeconómicos.
El concepto de justicia tributaria planteado por el presidente Petro resulta interesante porque en República Dominicana, al igual que en Colombia, el sistema tributario no garantiza los derechos constitucionales para todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que genera las grandes brechas económicas y sociales que se observan en las mediciones. Ahora bien, no se trata tan solo de un asunto del gasto tributario, que sabemos que tiene sus puntos positivos y negativos. Se trata más bien de una necesidad de propiciar la reforma estructural del sistema tributario, de manera paulatina y gradual, sin que desincentive las actividades del sector privado que son las que generan el desarrollo económico del país.
Una reforma que genera equidad parte del compromiso con el avance y el estímulo a todo el que genera desarrollo económico desde la legalidad, a la vez que se fortalecen las capacidades institucionales para perseguir y sancionar las acciones ilegales que afectan al fisco, en el entendido de que las recaudaciones son la base de las inversiones que requiere el país para su desarrollo.
Para alcanzar una veradadera reforma tributaria, los actores políticos de todas las ideologías y partidos, debemos hacer un compromiso con la ciudadanía que devuelva la credibilidad a los que estamos llamados a alcanzar un pacto fiscal. El país completo debe sumarse a este esfuerzo, con las garantías de que el dinero público será invertido de la manera correcta.
Una reforma no debe ser tan solo una pieza legislativa que busque aumentar las recaudaciones del Gobierno. Debe ser un plan y un compromiso con el desarrollo del país, donde todos nos veamos reflejados en el sacrificio, pero también en los beneficios que generará el buen uso de los recursos públicos.
Para que eso sea posible, lo primero que se debe hacer es crear las condiciones para una mejor aceptación del impuesto, como lo planteó el informe Attali hace más de 10 años. Si no atendemos a tiempo el porvenir fiscal de nuestro país, corremos el riesgo de comprometer el desarrollo hacia los próximos 30 años.