Lo ilegal Vs. lo correcto

Una acusación no significa culpabilidad ni una coerción es igual a una condena. Por tanto, y por más fuerte sea una imputación penal, en nuestro sistema, donde prevalece el principio de la presunción de la inocencia y donde las responsabilidades son individuales, nadie puede ser considerado culpable hasta tanto no exista una sentencia con la autoridad de lo definitivamente juzgado.

Pero tampoco puede obviarse que las imputaciones hechas al exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y a Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, suponen un verdadero tsunami de corrupción.

Y es que según lo que se refleja en el expediente de la denominada Operación Medusa, el entramado estafó al Estado por un monto superior a los seis mil millones de pesos en ilícitos que van desde la distracción de fondos de bienes incautados; emisión de cheques en provecho propio; capacitaciones fantasmas; venta y alteración de data; uso particular de dispositivos de espionaje, lavado de activos, hasta bellaquerías sexuales.

Alegaciones contenidas en más de cinco mil páginas de evidencias que forman parte de la acusación inicial que el Ministerio Público hace a quien hace tan solo diez meses fuese su titular, y que ha llevado mucha gente a preguntarse qué hubiera estado pasando hoy si, y al margen de la obvia ilegalidad que significó su impedimento de salida el 28 de junio, a Jean Alain y el avión lo hubiesen dejado poner en la pista…