El caso del coronel, un reclamo justo

El caso del coronel de la Policía Na­cional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, puso nuevamente en evi­dencia la fragilidad de un sistema institucional que se sostiene so­bre una débil seguridad jurídica y un vulnera­ble Estado de derecho. El gobierno peledeísta jugó lamentable y perniciosamente a esta es­tratagema, sin percatarse de que la crisis y los acontecimientos que se suscitarían a raíz de las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero pasado, le iban a dejar poca capacidad de maniobra y mostrarían al desnudo un plan poco creíble y muy mal estructurado.

Las prerrogativas constitucionales que ga­rantizan los derechos individuales y el respeto a un debido proceso del oficial falsamente im­putado, así como del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, fueron conscientemente violentadas, en una aparente trama urdida por jefes del gobierno y ejecutada por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, con la propósito avieso de involucrar en un supues­to sabotaje del certamen electoral al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, para in­tentar reducir su extensa ventaja y sacar bene­ficio político a costa del abuso y el ultraje de dos ciudadanos, a quienes no se les podrá restable­cer del todo la dignidad pisoteada ni reparar el sufrimiento causado a sus familiares.

Hace un par de semanas, un centenar de personalidades manifestaron a través de un comunicado público su reclamo de que ese ca­so no se quede sin resolver, triunfando nueva­mente la impunidad. Demandaron que se cree un precedente positivo y se aplique el necesario régimen de consecuencias que debe prevale­cer en un orden social justo, donde las mejores prácticas de gestión pública, éticas y transpa­rentes sean las que imperen.

Esto solo será posible si amplios sectores de la vida nacional se siguen sumando al llamado que hicieran estos comprometidos ciudadanos, ex-cancilleres, juristas, legisladores y destacados profesionales de distintas esferas, en una legítima exigencia de que se realice una investigación seria, profunda e independiente, que determine los verdaderos responsables y sean llevados ante la justicia.

Solamente así se repondría en parte el agravio a gente inocente, que en el ejercicio digno de su trabajo fue perversamente afectada. Pero sobretodo, se resarciría de alguna manera a una sociedad dominicana que lucha y se esfuerza cada día por lograr consolidar sus instituciones democráticas, y con ello sus libertades y derechos fundamentales.