EN SALUD, ARTE Y SOCIEDAD
Hacia el gobierno colectivo del bien común de la salud
Desde el 1960 se estudia y entiende el rol de la gestión pública en la administración de los bienes comunes. En nuestro país, las normas éticas que validan y rigen la materia han resultado seriamente lesionadas.
En su “El gobierno de los bienes comunes” (1990), la doctora Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía 2009, articuló la red ética mediante la cual las ciencias políticas garantizan la rectoría gubernamental de las operaciones privadas sobre los bienes comunitarios.
Aportes consagrados en constituciones y leyes, confirieron al gobierno vías idóneas de ejercer poderes y funciones exclusivos en este ámbito. Pese a su enunciación constitucional inequívoca, tal andamiaje ha sido progresivamente desestructurado a través de una andanada de “reformas”.
A través de los gobiernos, las comunidades protegen sus prerrogativas y derechos y constitucionalizados. Y sólo con ellas los estados adquieren esencia, territorios, funciones y legitimidad. Así, los actos del gobierno deben ir, obligatoriamente, el bien común.
Ante tal realidad, los sectores de poder, desencadenaron su plaga de “reformas” para deformar esas prerrogativas, intermediándolas y anulándolas mediante “leyes” y “Reglamentos de aplicación de la Ley”. El resultado, la Ley es la voluntad del funcionariado.
El método de su aplicación: comprar los funcionarios del reinado temporal conferido por la democracia (una de sus corrupciones).
En su obra, la doctora Elinor Ostrom indicó la obligatoriedad de la regulación estatal mediante leyes y normas orientadas a garantizar el beneficio comunitario o colectivo y privado de toda explotación de bienes comunes. Sin embargo, el poder articuló sus fuerzas para usurpar, primero, el derecho de todos. A través de legisladores, formuladores de leyes: diputados y senadores.
Así, vitales e importantes recursos nacionales y de vocación pública fueron progresivamente privatizados y derechos ciudadanos intermediados, para favorecer empresarios, gobernantes y políticos. A tal saco cayeron las explotaciones del agua, las playas, las minas, los ríos… Y los servicios de salud y de la seguridad social. En torno a estos se creó un entorno empresarial híper próspero y garantizado. ¿El resultado después de la Ley 8701? Las Administradores de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP) ganan miles de millones de pesos anualmente sin garantizar a sus afiliados y cotizantes calidad en los servicios de salud y los ingresos. Para concederlos, incluso, colocan a la ciudanía en dependencia servil y vasalla ante sus dictámenes y operativos. Una negación práctica de derechos.
Mecanismos cuasi mafiosos acreditan las ganancias de las ARS y las AFP. Participan en esta red: laboratorios, médicos, farmacias y clínicas. Una de las prácticas más aberrantes consiste en poner en cautiverio a los pacientes agravados hasta drenarles el seguro médico por completo y generarles deudas con las que se adueñan del patrimonio familiar.
Un Estado y gestión públicos que toleran y conviven con tales prácticas abusivas son simplemente vergonzantes; des articuladores sociales, corruptores del acuerdo que justifica la existencia del Estado como comunidad social y de derechos.
Un Estado y funcionariado que no protegen a sus ciudadanos no tienen razón de ser. Tampoco honra u honor tienen los ciudadanos que les otorgan el consentimiento.