Al echarse las palomas

Los políticos asumen al final de la gestión de gobierno actitudes diferentes: prudencia en cada paso, evitando excesos y difiriendo decisiones importantes o realizando “liquidaciones por cambio de temporadas”, como publicitan las grandes tiendas.

Los gobernantes deben evitar los abusos de poder que tanto irritan a los ciudadanos y centrarse en una lucha electoral sujeta a la Constitución y las leyes, sobre todo cuando las encuestas y percepción general apuntan a un cambio de partido en las elecciones de mayo próximo.

Es evidente un uso desmesurado y descarado de los fondos públicos en el proceso electoral, con advertencias de jefecillos de instituciones de despedir a quienes marquen a candidatos contrarios a los oficiales. Y amenazas a periodistas y medios cuando audios e imágenes de los soberbios se difunden por redes y programas de radio y televisión con la necesaria y abrumadora censura de los comunicadores.

Las leyes que regulan a los partidos y el ámbito electoral son burladas con subterfugios y se redireccionan planes de asfaltado y donaciones de alimentos, maderas, electrodomésticos y otros artículos en función de las necesidades electorales del partido oficial.

Está prohibido la inauguración de obras, pero el presidente Danilo Medina corta cintas para “dejar servicios en operación”, apura “palazos” que iniciarían las construcciones de hoteles, acelera promulgación de leyes y modificaciones de otras reclamadas por años, pero que al detectarse el manejo politiquero se debilita el interés ciudadano.

Al final del mes habrá gran ruido mediático con la inauguración de Punta Catalina y el inicio de la venta del 50 por ciento de sus acciones. Hay numerosas críticas a estas negociaciones al final de la gestión del mandatario.

Ya vimos el fiasco presidencial de permitir al ministro de Medio Ambiente que autorizara la construcción de un hotel en el área protegida Guaraguao-Catuano, para luego ordenarle recular tras las duras críticas y recursos legales de sociedades ambientalistas.

El sábado último se anunció que la Comisión Aeroportuaria aprobó, mediante resolución que remitió al Poder Ejecutivo para su “ponderación”, el “Aeropuerto Internacional de Bávaro” en el paraje Tres Piezas del sector El Salado, del municipio de Higu¨ey, provincia La Altagracia.

Inversión de 200 millones de dólares del Grupo Abrisa, con la proyección de recibir 2.5 millones de pasajeros en una primera etapa. En la zona está el aeropuerto de Punta Cana, terminal de mayor movilidad de pasajeros en el Caribe.

De naturaleza muy diferente, otro anuncio que llamó la atención ese mismo día es que el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la apertura de un concurso interno para elegir titulares de 16 procuradurías fiscales, ocho de cortes regionales y especializadas, incluida la famosa Pepca, que persigue (o debe perseguir) la corrupción administrativa y la de delitos de alta tecnología. También los abogados del Estado del Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís y El Seibo. Se cita el reglamento que establece concursos para sustituir a funcionarios “cuyo mandato en el cargo esté vencido, su designación no se haya realizado mediante concurso interno, se encuentre vacante bajo interinato o su titular haya puesto a disposición su cargo”.

El Consejo coloca a los titulares de la Pepca, alta tecnología y delitos de salud entre “quienes han solicitado al CSMP oportunidades para cambio de posiciones, liberando el cargo una vez sus sustitutos sean nombrados”.

¿Se prepara Medina y el PLD para eventuales denuncias de casos de corrupción ya mencionados y otros que pudieran ser descubiertos? Recordemos que el ministerio público es el semáforo para la aplicación de la justicia penal.