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Puntos de vista lunes, 18 de febrero de 2019

Reencauzar un guerra perdida

OSCAR MEDINA

La despenalización de las drogas y la legalización de sustancias como la marihuana se han convertido en una tendencia en la mayoría de las sociedades occidentales. Actualmente cerca de veinte países permiten el uso legal del cannabis para fines medicinales o recreativos, y cada vez son más los estados donde la tenencia para el consumo se encuentra despenalizada.

En Estados Unidos -referente cultural de Occidente y principal mercado de drogas del mundo- varios estados cuentan con legislaciones que regulan la producción, comercialización y consumo del cannabis. Se han constituido decenas de empresas que se dedican al negocio de la hierba, desde desarrolladores de reactivos para su procesamiento hasta diseñadores de dispositivos para su consumo, y grandes corporaciones adquieren Starups ligadas a la comercialización de productos derivados del cannabis. Evidencia de que el gran capital del estadounidense se está posicionando para la carrera en el comercio legal de las drogas.

En Latinoamérica, donde el narcotráfico ha dejado su mayor impronta de sangre, varios países han despenalizado la posesión y el consumo de marihuana. En Uruguay es completamente legal, y en toda la región el tema de la legalización de ciertas sustancias prohibidas es evaluado cada vez con mayor formalidadÖ En la República Dominicana, sin embargo, es aún un debate en ciernes que todavía genera mucha polémica.

Quienes abogan por la despenalización de las drogas, e incluso por la legalización de la marihuana, sustentan que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y cuestionan los miles de millones de dólares dilapidados en una batalla que no ha servido para frenar la expansión de las drogas en todas las estructuras de la sociedad. Sostienen que parte del dinero que se destina a la interdicción se podría utilizar en programas para atacar este mal por el flanco de la demanda, con políticas educativas que adviertan sobre el peligro que supone para la salud el uso de drogas y programas para trabajar con los adictos en su recuperación.

Son argumentos de peso. Porque es verdad que la batalla de la interdicción hace tiempo que se perdió. Al menos en los términos que se libra desde las sociedades donde impera el estado de derecho.

El dinero que el narcotráfico deja en los bolsillos de las organizaciones mafiosas es muy superior al que los estados pueden erogar para combatirlos. Y los bolsones de pobreza, castigados por la desigualdad, devienen en semilleros donde el tráfico de estupefacientes resulta ser el mecanismo de ascenso social por excelencia para miles de jóvenes huérfanos de oportunidades y, por tanto, con poco o nada que perder.

La interdicción sólo funciona en países con regímenes de fuerza. En Singapur, por ejemplo, no hay problemas de drogas. Allí la tenencia, venta y distribución de cualquier tipo de drogas es castigada, en la mayoría de los casos, con la pena capital. Eso sí, Singapur y países con modelos similares deben cargar con el lastre de ser acusados mundialmente de no respetar los derechos humanos.

De ahí que en estas naciones occidentales que tanto cacareamos nuestras democracias liberales. O decidimos descabezar a cualquier acusado de tenencia o venta de drogas, olvidando la presunción de inocencia, el debido proceso y cuantas protecciones se encuentren en la Carta de los Derechos Humanos. O abrimos un espacio para la tolerancia regulada de algunas sustancias, comenzando por la marihuana.

Plantear esto, en una sociedad tan conservadora como la dominicana, es cuanto menos osado. Pero valdría evaluar sus pros y sus contras. Sin banalizar el consumo de la marihuana comparando sus efectos con los que produce el alcohol o el tabaco.

El abordaje hacia la posible legalización de la marihuana debe hacerse a sabiendas de que es una sustancia sumamente adictiva, de poderosos efectos alucinógenos, que produce esquizofrenia, episodios psicóticos y dependencia psicológica, y que es considerada como la puerta de entrada hacia drogas más duras como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas.

Pero como todos los procesos deben ser graduales, de entrada procede revisar la Ley de Drogas para, al menos, despenalizar la tenencia para el consumo. El objetivo de la lucha contra el narcotráfico deben ser los capos de los carteles y los capitos que inundan de drogas barrios y calles. No quienes las utilizan por dependencia y adicción. Esos no son delincuentes, son enfermos, y así deben ser tratados.  

Hace casi cuarenta años que Ronald Reagan declaró la guerra contra las drogas. Y después de tantas derrotas es necesario reencauzar su enfoque. Pero debe hacerse alejados de la sinrazón de los extremismos agoreros. Con valentía. Apoyados en las experiencias propias y extrañas, la ciencia y las estadísticas. Y, sobre todo, sin cerrarse a ninguna opción.


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