Encuestas de opinión y el trauma electoral en República Dominicana

La República Dominicana se someterá en poco más de catorce meses a uno de los retos más trascendentes para el fortalecimiento de su sistema democrático. Los comicios presidenciales, congresionales y municipales de 2020 estarán como telón de fondo. Y las encuestas electorales volverán a declarar la guerra en ese escenario, para tratar de persuadir a la opinión pública sobre la legitimidad de sus resultados, pese a los amplios y profundos cuestionamientos del manejo deontológico que se atribuye a los administradores.

A propósito de esta popular herramienta de investigación, por primera vez en el país se debate con criterios legales la necesidad de regular la acción desmesurada de firmas encuestadoras, que surgen cada cuatro años como constelaciones fantasmagóricas cuando se avecinan campañas electorales nacionales y procesos internos en los partidos políticos.

Sin embargo, es preciso aclarar que el tema no es de reciente manejo en el mundo político internacional. Su tratamiento sistemático se remonta a principios del siglo pasado y modernamente ha quedado englobado entre el marketing político y electoral. Por esto llama a la atención el Proyecto de Ley que se discute ahora en el Congreso Nacional, luego de la reciente aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.

En esta última legislación quedó precisamente consignada en su artículo 45 la encuesta como una de las modalidades dentro del proceso de selección de los candidatos de los partidos políticos, conjuntamente con las primarias y la convención de delegados, de militantes y de dirigentes, para ser inscritos en la junta electoral correspondiente de conformidad con la Constitución y la ley..

Al margen del pandemónium suscitado por las primarias abiertas de manera simultáneas, el sistema de encuestas políticas fue ampliamente cuestionado como forma de escogencia de los cargos de elección popular al discutirse la Ley de Partidos. Era evidente que tenía una mala reputación en experiencias anteriores, por el inminente peligro de manipulación en distintas formas: al seleccionar las preguntas, muestra, momento de aplicación… para favorecer a determinados candidatos.

Ahora estamos hablando de que en el Congreso Nacional está sobre la mesa la Ley del Régimen Electoral y la comisión bicameral que estudia el proyecto acogió una propuesta de la Junta Central Electoral para poder regular y supervisar las firmas encuestadoras cuando protagonicen las llamadas “guerras de encuestas”, cuya divulgacíón quedaría prohibida siete días antes de las elecciones.

Esto implicaría la creación de un registro de firmas en materia electoral y política, consignando estatutos sociales, nómina actualizada de accionistas, composición de consejo de administración, filiales internacionales, nómina de directivos y los currículos actualizados de los técnicos, que dirijan o participen en las encuestas.

Las empresas encuestadoras históricamente han actuado al libre albedrío en República Dominicana. No pocas han sido señaladas, no solo por su cuestionada legitimidad, sino también por el uso incorrecto de los métodos para determinar las opiniones de aquellos que votarán en las elecciones.

Como acertadamente plantea el maestro Juan Díez Nicolás, de la Universidad Complutense de Madrid, en “Encuestas de opinión y decisión política”, el debate se ha desplazado a la cuestión de quién habla en nombre de la opinión pública.

O como nos recuerda Edgar Corso Sosa, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México (UNAM), que las encuestas electorales se ha alejado del elector y se han acercado a los partidos políticos y medios de comunicación olvidando el objetivo primordial de su función, que es la generación de opinión pública.

El planteamiento contemplado en la Ley del Régimen Electoral, si finalmente la legislación llega a aprobarse o aplicarse para las elecciones de 2020, no podría encasillarse en el tecnicismo jurídico al que tanto se recurre para enarbolar la libertad de empresa, de expresión y de información.

Estamos en un país donde todavía requerimos el fortalecimiento de nuestra sociedad democrática y sus instituciones, para liberarnos del trauma electoral cada vez que se concurre a las urnas, para elegir las autoridades.