La nacionalidad no se negocia

El gobierno del presidente Danilo Medina, con todas las prerrogativas que le otorga la Constitución de la Republica, parece resuelto a encarar la migración descontrolada de haitianos que han estado cruzando la línea divisoria hacia el lado oriental de la isla, sin que hasta el momento se le haya puesto un freno.

Como Estado soberano, el gobierno ha agotado los recursos civilizados amparado en las normas legales y constitucionales para enfrentar el problema de la migración ilegal, principalmente haitiana, la cual ha ido creciendo como una burbuja que ha comenzado a explotar, creando un estado de ansiedad e intranquilidad en la sociedad dominicana.

Hemos llegado a un grado tal, que ya no hay más tiempo para esperar.

A partir de la publicación de la sentencia 168/13 que ordenó a la Junta Central Electoral realizar una auditoría al Registro Civil que dejaría claro el estatus de la legalidad de todos los extranjeros que se encontraban en el país desde 1929, República Dominicana ha sido sometida a unos niveles de presión para que, de un plumazo, contrariando nuestras propias leyes, acoja en su territorio a todos los haitianos ilegales, por más sin papeles o documentación, bajo el argumento de que nacieron en territorio dominicano. O sea, generarles derechos que no confiere nuestro ordenamiento jurídico sobre la materia a los hijos de extranjeros que al momento del nacimiento del bebé permanecían en el país de tránsito o ilegalmente.

En todas partes del mundo los derechos de los ciudadanos están dados por las leyes de los propios Estados que son los que definen sus políticas internas con plena soberanía.

Estados Unidos de América, Francia y España, por ejemplo, tienen legislaciones distintas sobre la nacionalidad y sus leyes las aplican conforme a esos criterios.

Por ejemplo, todo el nacido en territorio de Estados Unidos se reputa como ciudadano de ese país, sin importar la condición migratoria en la que se encuentren sus padres al momento del nacimiento.

Sin embargo, esta no es la situación de España y Francia que tienen, en este sentido, legislaciones parecidas.

El Código Civil español establece que son españoles los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

Queda claro que el nacido de padres extranjeros, aunque estén legales, llevará la nacionalidad de estos, no así por el simple hecho de haber visto la luz del mundo en el territorio español.

Habría que preguntarse, ¿cuántos hijos de padres haitianos residentes en España, legales o no, nacen españoles? La respuesta es simple: Ninguno ¿Por qué? Sencillamente porque el Código Civil español se respeta.

Pues la legislación de Haití establece que son nacionales de ese país los hijos de haitianos sin importar el lugar del globo terráqueo donde nazcan, por tanto aplican el principio del Ius sanguinis (derecho de sangre). Lo que quiere decir que el concepto de apatridia no aplica para ningún ciudadano haitiano que se haya establecido en República Dominicana, tenga o no papeles de identidad.

A lo que aspiramos los dominicanos, con todo el derecho del mundo, es a que tanto los de aquí como los de afuera respeten las normas que nos hemos dado como nación civilizada.

En momentos en que el gobierno de Estados Unidos enfrenta, precisamente, una batalla para encarar el estatus migratorio de millones de personas de distintas partes del mundo y el permanente tráfico ilegal de personas a través de sus fronteras, principalmente con México, la designada embajadora de ese país en Santo Domingo se despacha con unas declaraciones en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país que obligan a encender las alarmas sobre los propósitos que estarían detrás de esa declaración.

De acuerdo con lo que se ha reportado, la señora Robin Bernstein viene a Santo Domingo, más que a defender los intereses de su propio país, a erigirse en la madrina de los llamados “apátridas” que toda la comunidad internacional está consciente de que son ciudadanos haitianos que se los quieren cargar al Registro Civil dominicano.

El gobierno dominicano, a través de la Cancillería o de cualquier agencia local, debería expresar al gobierno del presidente Donald Trump la indignación del pueblo dominicano ante el solo anuncio de la designada embajadora Bernstein, para que quede claro que en materia migratoria y sobre todo de nacionalidad, República Dominicana no transige, porque la NACIONALIDAD NO SE NEGOCIA.