Contra la pobreza: vivienda, arte y cultura
Como se sabe la pobreza es un fenómeno multidimensional. A la necesidad de asegurar el acceso a la educación, la salud y la seguridad social, como vimos, se suma la urgencia de garantizar a las grandes mayorías el acceso a una vivienda digna. Por ello creo que esta fuera de toda duda la importancia de una política de vivienda como parte de políticas sociales “pro-igualdad y contra la pobreza”. El derecho a la vivienda digna, que incluye el abordaje serio del tema del acceso y uso del espacio y el equipamiento urbano es uno de los derechos ciudadanos más sensible y cuya concreción la sociedad debe hacer posible por la vía de un Estado que cuente con políticas públicas definidas para este ámbito. Las características ampliamente conocidas de los procesos migratorios campociudad ocurridos en la mayoría de las sociedades latinoamericanas y caribeñas explican el tipo de urbanización que en ellas se ha realizado caracterizadas por: la existencia de viviendas precarias en un espacio con carencia o deficiencia mayúscula de servicios públicos, hacinamiento y un crecimiento desordenado, que evidencian con elocuencia la pobreza y la desigualdad en el acceso y disfrute del espacio urbano. Esta es la realidad y el desafío del “barrio” severamente complicada con la presencia de la droga y el narcotráfico que lo convierte hoy por hoy en caldo de cultivo para procesos sociales muy diversos. Una inteligente articulación Estado-mercado puede ser una estrategia exitosa en este ámbito. Un aspecto relevante de esta articulación es la definición de esferas de acción y responsabilidad pues el Estado no tiene la obligación de construir ni financiar viviendas ni servicios para aquellos sectores que pueden adquirirlos por la vía del mercado, sino para las mayorías que no pueden hacerlo. El barrio es un espacio de producción cultural desde una situación de exclusión social. Los productos culturales que allí se producen son “ambiguos” como lo es toda construcción humana. Estos pueden ser expresión que contribuya a profundizar la situación de pobreza, exclusión y subordinación, vía la expresión-construcción de visiones y aspiraciones humanamente cuestionables, pero, al mismo tiempo puede ser la expresión de una visión “disidente” con respecto al mundo dominante del cual ellos son excluidos y la irrupción de la aspiración a una existencia humana basada en la concretización de derechos de ciudadanía. El arte y la cultura son espacios privilegiados para la presencia de estos aspectos. Además de ser también derechos ciudadanos, son medios privilegiados de conformación- convocación a estilos de vida con base en valores contrarios a los dominantes y que son afirmados como “más humanos”. En este sentido el arte y la cultura son espacios en los cuales se construye la “fineza espiritual” de las mayorías, que las capacita a resistir a este presente desgraciado por la vía de una ética popular que reivindica un futuro mejor y más humano y las convoca a una acción en el presente en la dirección del mejoramiento de sus condiciones de existencia. Obviamente, un proceso como este se hace posible a través de la alianza de actores diversos del territorio: la escuela, la sociedad civil expresa en las organizaciones sociales de base, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales con presencia en estos sectores sociales. De paso se propicia la construcción de una relación colectiva con el Estado que limita las tendencias clientelares. El éxito de procesos de este tipo amerita de un saber profesional experto que deberá hacerse presente a través de los llamados “educadores sociales” que deberían ser capaces de coordinar en el territorio la conjunción de todas estos actores y cooperar a la articulación con las esferas estatales que coordinan los programas sociales.
El autor es rector del IGLOBAL.