Sicariato

El asesinato por encargo ha tomado cuerpo en nuestro país. No son nuevos los casos de personas que son ultimadas por otras quienes ponen precio a sus macabros servicios ya sea para cobrar deudas o satisfacer las venganzas de terceros. El narcotráfico, el crimen organizado y los ajustes de cuentas siguen siendo las motivaciones principales detrás de estos casos, así como los asuntos pasionales. Sin embargo, hace unos días y siguiendo el mismo modus operandi de tres asesinatos previos, Francisco Durán de Castro, empleado de Salud Pública, recibió una lluvia de disparos en lo que también se puede considerar como otra causa para el sicariato. Y es que según la investigación policial, Durán, de 43 años, era testigo judicial de un homicidio cometido en 2009 por lo cual el imputado habría contratado a tres personas quienes a bordo de dos motocicletas y a plena mañana, le propinaron 9 disparos sin reparar que estaba acompañado de una niña de cuatro años a quien llevaba al colegio. Acciones y razones que las autoridades no pueden pasar por alto, ya que si al trauma de la presencia malvada de gatilleros al servicio del narcotráfico y el crimen organizado se le suma también la “oferta” de eliminación de testigos a cargo, pudiéramos entrar en una etapa de sálvese quien pueda. El carácter garantista de nuestro Código Procesal Penal se sustenta en presupuestos probatorios donde en ocasiones los testigos son piezas fundamentales para la sustentación del proceso. Solo que desafortunadamente el esquema no prevé protección para los mismos... y eso también lo saben los delincuentes. Hasta hace unos años el sicariato se circunscribía medularmente a problemas entre antisociales o uniformados corrompidos, pero ahora parece que ha abierto el radio de acción entusiasmando la práctica. Algo que con el desorden que existe entre los motorizados y la posesión indiscriminada de armas de fuego, puede convertirse en una peligrosa modalidad de microempresas de la muerte que hay que enfrentar sin contemplación.