La crisis bancaria del 2003

En los últimos meses, y como parte de un vano intento de resucitar el tristemente célebre PPH, se ha puesto a circular la versión falsa de que las autoridades de Estados Unidos manejaron su gigantesco colapso bancario con la misma receta que implementó aquí en la crisis bancaria del 2003 el gobierno de Hipólito Mejía. La realidad fue diametralmente diferente. El norte esencial del gobierno norteamericano fue preservar ante todo la existencia y la operación de los grandes bancos norteamericanos, garantizando los depósitos de sus clientes, al tiempo que desplazaban a los banqueros del control de estas entidades. Estados Unidos, contrario a lo que hizo el gobierno de Hipólito, no destruyó ni cerró los grandes bancos; ni entró a sus oficinas manu-militari violando la Constitución, como se estableció de forma irrevocable por el poder judicial en el caso de Baninter. No vimos a George Bush y a su equipo económico convocar a todo el poder político, empresarial y eclesiástico de los Estados Unidos a la Casa Blanca para denunciar ante el mundo, vía satélite, que los buques insignia de la banca norteamericana iban a ser intervenidos y sometidos a juicio penal por haber falseado sus estados de situación financiera, ocultando por años sus déficits (hoyos financieros de cientos miles de millones de dólares) con la ayuda de las más reputadas firmas de auditores y contadores del mundo, para burlar la regulación bancaria de los Estados Unidos y a sus clientes, como ocurrió aquí. Tampoco a la administración norteamericana se le ocurrió la absurda y terrorífica tesis de que los negocios y empresas vinculadas que estos bancos financiaron, valiéndose de los estados financieros irreales (infracción previa, como se dijo aquí), fueron actividades de lavado de activos. Tenga la seguridad, amigo lector, que si hubieran hecho eso en Estados Unidos, no hubiese quedado hoy piedra sobre piedra. La diferencia del manejo de los colapsos bancarios, no solo la podemos contrastar con la experiencia norteamericana, sino localmente con la quiebra del Banco del Comercio Dominicano a finales de 1995, siendo el segundo banco del país en ese momento. El colapso de dicho banco no generó un desastre económico tipo el del Baninter ocho años después, porque el objetivo del gobierno ante todo fue preservar su operación y sus activos, minimizando los daños sobre la economía. ¿Por qué el objetivo del gobierno de Hipólito nunca fue preservar la operación del Baninter, sus valiosos activos y sus empresas vinculadas, independientemente de que sometiera a sus ejecutivos a la justicia por el manejo del mismo? Porque en la génesis de todo lo ocurrido jugó un papel fundamental el rompimiento de la relación personal y política entre Ramón Báez Figueroa, uno de los hombres más poderosos del país, en ese entonces, con su amigo Presidente de la República, Hipólito Mejía, que en ese momento estaba involucrado en un proceso reeleccionista. Es ese rompimiento personal y político producido a raíz de una querella criminal contra el jefe de seguridad del Presidente de la República por el uso de una tarjeta de crédito dada a éste por Baninter, el que generó la saña persecutoria contra el principal ejecutivo de esa entidad controladora de gran parte de los medios de comunicación del país, convirtiéndose éstos en un botín político apetecible para ponerlo al servicio de la fallida reelección de Hipólito Mejía. Todo lo anterior no significa que pretendamos ocultar que efectivamente había problemas y violaciones a la Ley Monetaria a lo interno del Banco Intercontinental, como en todo el sistema bancario de la República Dominicana en ese momento 2003, como sinceramente lo admitiera en el tribunal el querellante ex Gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, y como quedara establecido con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada por los tribunales, como malas prácticas de carácter sistémico. La verdad objetiva es que la solución indicada por la Ley Monetaria y Financiera en el año 2003, de que el Estado garantizara los depósitos hasta RD$500,000.00, que era el caso de más del 90% de los clientes del Baninter, y que se iniciara un proceso de liquidación ordenado y vigilado de sus activos y empresas vinculadas, fue desechado porque el objetivo siempre fue aprovechar la crisis para sacar provecho político, tomando por asalto a todos los medios de comunicación relacionados con Baninter a través de la expedita vía de la Ley No.72-02 sobre Lavado de Activos con un simple oficio del Magistrado Procurador Fiscal Máximo Aristy Caraballo, para ponerlos al servicio de la reelección, como efectivamente ocurrió. Fue ese manejo politiquero, al margen de la ley, el responsable fundamental del déficit cuasi-fiscal que se generara y que hoy persiste ominosamente en el futuro del país. Fue esa actuación irresponsable la que llevó la inflación a más de un 60% y la prima del dólar a más de un 50x1, lo que asombrosamente pudo empezar a revertirse al conocerse la victoria de Leonel Fernández, el PLD y las fuerzas aliadas, quienes lograron desde antes de la toma de posesión en el 2004 infundir la confianza necesaria para llevar el dólar alrededor del 30x1 y a la inflación a menos de un 10%. La gran e histórica injusticia, que ha permitido que se esparzan hoy todas las mentiras sobre la crisis bancaria del 2003, es que la justicia dominicana solo se limitó a establecer responsabilidades penales sobre los banqueros, cuidándose mucho de dejar fuera a los políticos y funcionarios que fueron los principales responsables y beneficiarios de esa debacle. No lo hizo la justicia, pero sí lo hizo el pueblo dominicano el 16 de mayo del año 2004, ajusticiando políticamente a los responsables de ese desastre.