Los indultos del Presidente
El Presidente Leonel Fernández, haciendo uso de una facultad prevaleciente en la mayoría de las naciones del mundo y contenida taxativamente en nuestra Constitución, produjo el indulto de Doña Vivian Lubrano de Castillo y de un grupo de ciudadanos condenados en el proceso denominado “Plan Renove”.
De inmediato se desató una muy bien orquestada campaña de opinión pública tendente a arrinconar y acorralar al Jefe del Estado bajo el argumento hipócrita de que estos perdones enviaban a la sociedad una señal de impunidad en materia de corrupción pública y privada.
La realidad sin embargo es muy diferente a la planteada por esta gigantesca manipulación de opinión pública, que esta acostumbrada a manejar a su antojo a este pobre pueblo como si fuera, como decía el inolvidable Dr. Carvajal Martínez, “un revolcadero de burros”, donde a la gente le gusta repetir como papagayos lo que se les induce desde los grandes medios de comunicación, sin profundizar en lo más mínimo lo que en verdad ha ocurrido en cada caso.
Lo primero que hay que decir sin miedo alguno, en el caso de Doña Vivian Lubrano es que ninguno de los ciudadanos que han participado de la saña persecutoria contra ésta, es más serio, más honrado o tiene más calidad moral o jurídica que los únicos tres honorables jueces de este país, Antonio Sánchez Mejía, Giselle Méndez y Pilar Rufino, que han juzgado los hechos por los que fue acusada Doña Vivian como ejecutiva del Baninter.
Estos honorables y probos Magistrados, que celebraron más de 103 audiencias, oyeron decenas de testigos, debatieron contradictoriamente miles de pruebas, concluyeron, contrario a quienes la han fusilado en la opinión pública que, Doña Vivian Lubrano era inocente de los cargos que se le imputaban.
Doña Vivian, quien fuera por veinticinco años, antes de entrar en Baninter, una ejecutiva importante del Chasse Manhattan Bank, fue descargada por los jueces que la juzgaron y paradójicamente “condenada” a cinco años de prisión por los jueces de la Corte de Apelación que no la juzgaron, que no la oyeron, ni a ella, ni a ningún testigo, ni debatieron pruebas en su contra, en un hecho insólito, sin precedentes en la historia de la “justicia dominicana”, en medio de un cambio bochornoso de último minuto de sentencia, que algún día (esperemos que sea más temprano que tarde) la mano Poderosa del Señor se encargará de develar la interioridad de lo ocurrido aquella tarde triste para el Poder Judicial.
Para fusilar moralmente a Doña Vivian se usó una de las armas más malvadas y bajas imaginables como lo fue lograr coacción pública, basada en explotar la extracción social de la persona acusada. Los manejadores perversos de ese odio enfermizo explotaron con mucho éxito en el seno de nuestra sociedad, llena de desigualdades sociales, de históricas injusticias, y abrumada de impunidades, la versión de que cualquier medida a favor de Doña Vivian no era más que una repugnante práctica de privilegios por su condición social y económica.
La saña contra Doña Vivian llegó a tal extremo que quien esto escribe estaba convencido, hasta la hora de producirse el perdón Presidencial, que solo su muerte, o su declaratoria oficial como enajenada mental, saciaría la maldad de los farsantes que dirigieron ese proceso y de una cantidad inmensa de gente buena de este pueblo que se dejó envenenar por tantos embustes y falsas “posiciones moralistas”. En el caso de los beneficiados del Plan Renove, a los cuales no conozco, creo que el Presidente Fernández no ha hecho más que corregir otra gran injusticia.
Tener preso a Pedro Franco Badía, que mostró todas las órdenes escritas que recibió de Hipólito Mejía, cuando este autor principal de todo lo allí ocurrido, fue excluido por decisión medalaganaria y unilateral del entonces Procurador Francisco Domínguez Brito, era una burla a la justicia y a la sociedad dominicana.
Tener a los sindicalistas presos cuando todo el mundo sabe que los beneficiarios económicos fundamentales de ese gran negocio están libres sin ningún reproche social, es una injusticia que nadie puede ocultar. Lo que refleja la hipocresía y la falsedad de estos “líderes moralistas” que han salido a acabar con el Presidente por el perdón a los implicados en el Plan Renove, es que ninguno de ellos dijo “esta boca es mía”, cuando Domínguez Brito sacó a Hipólito Mejía de dicho expediente criminal.
No solamente, no dijeron nada, sino que luego de eso, muchos de esos medios de comunicación han participado y participan gozosos en un vano intento de rehabilitación de la figura política de quien encabezara el gobierno más nefasto que recuerde la historia de la República.
El Presidente Fernández pese a todo el efecto de esta campaña mediática que ha pretendido acorralarle moral y políticamente, debe sentirse totalmente compensado con su conciencia: no aceptó el chantaje de estas falsas e hipócritas posiciones, y con el poder soberano que le da la Constitución ejerció una facultad que tiene como base moral el haber corregido dos grandes injusticias, el de Doña Vivian Lubrano de Castillo y el del grupo de acusados del Plan Renove que a mi juicio debe completarse con el del señor Fabio Ruiz, a quien tampoco conozco ni tengo ningún tipo de relación personal, social o política.