Organizaciones LGBTIQ+ exigen una ley de identidad de género en El Salvador

Bandera de El Salvador.

Bandera de El Salvador.

Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ exigieron este viernes que se dicte en El Salvador una ley de identidad de género que les conceda el derecho a "tener un nombre digno" con el fin de terminar con la discriminación.

"Es importante tener el acceso a un nombre digno conforme a nuestra identidad, es muy importante y demandamos que se cree una ley que proteja nuestro derecho a tener un nombre", dijo Aranza Santos, del Colectivo Alejandría, en rueda de prensa.

Explicó que las personas de la comunidad LGBTIQ+ "constantemente" sufren "discriminación" en hospitales, entidades estatales, bancos y universidades. Las "obligan a dar un nombre que no es acorde a nuestra identidad de género", dijo.

Recordó que en 2018 varias organizaciones presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de identidad de género, pero fue desestimada, por lo que en 2021 volvieron a presentar otra que "fue engavetada" sin ser debatida por los legisladores.

"Hay una discriminación hacia nuestra comunidad y, aunque somos una minoría, somos parte de la sociedad y tenemos derechos y, por tanto, vamos a seguir luchando por el derecho a tener un nombre", indicó Grecia Villalobos, de la organización Comcavis Trans.

"Estamos en un país machista, misógino, trans y homofóbico, eso debe parar", sostuvo Santos.

Verónica López, de la organización Diké LGBTIQ+, criticó la decisión del gobierno de Nayib Bukele de eliminar el enfoque de género de los programas escolares, afirmando que eso "ha contribuido" a "generar rechazo hacia la comunidad".

"El (Poder) Ejecutivo, lejos de luchar contra toda forma de discriminación en la sociedad, la alienta. Nosotros no somos invisibles aunque borren todo lo que quieran en los libros, y vamos a luchar", insistió López.

En febrero, el Ministerio de Educación anunció que había retirado "todo rastro" de la perspectiva de género de los programas escolares, decisión que fue criticada por organismos de derechos humanos pero aplaudida por grupos conservadores.

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