El Salvador pasa una ley para procesar en grupo a los pandilleros y aumentar las penas de cárcel
Hombres que fueron detenidos durante el estado de excepción son transportados en un camión de mercancías, en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022. El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solicitó al Congreso el 11 de julio de 2023 una nueva extensión del estado de excepción, que suspende derechos constitucionales, como parte de su política de mano dura contra las pandillas y que comenzó hace más de un año.
El Congreso salvadoreño aprobó una reforma para procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción en un plazo máximo de 24 meses y un aumento de penas en la Ley Contra el Crimen Organizado dirigida a los cabecillas de grupos criminales.
Las modificaciones legales permitirán agrupar los procesos penales contra detenidos bajo el régimen de excepción según “clicas” (grupos) o “canchas” (territorios), en un intento de reducir los trámites judiciales para emitir pronunciamientos en conjunto y no por persona.
El aumento de penas eleva de 45 a 60 años la condena de cárcel para los líderes de las pandillas.
Las reformas, presentadas por el gobierno semanas atrás, fueron aprobadas con los votos de la mayoría oficialista de los 84 diputados del Congreso unicameral. Los cuatro diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la diputada del partido VAMOS y el diputado de Nuestro Tiempo, votaron en contra.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, explicó que lo que se busca es que los pandilleros que ya se encuentran en detención provisional y que pertenecen a diferentes grupos conocidas como clicas de las diferentes pandillas, “se puedan agrupar de acuerdo a la célula a la que pertenecen”.
Según el Ministerio Público, hay 71,976 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero de ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena firme.
Además, más de 5,000 personas han sido liberadas tras su detención en el estado de excepción, debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la Mara Salvatrucha (MS-13) tiene más de 248 unidades o grupos territoriales a nivel nacional, la pandilla Barrio 18 Sureños tiene 160 unidades territoriales y la pandilla Barrio 18 Revolucionarios tiene 150 unidades territoriales.
Para procesar a detenidos de forma conjunta, el Ministerio Público cuenta con un plazo que no excederá de 24 meses, contados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones transitorias especiales.
De no cumplirse con el plazo dispuesto o si el fiscal no se pronuncia para determinar a qué agrupación ilícita pertenece el imputado, el juez dictará sin más tramite sobreseimiento definitivo y dejará sin efecto cualquier medida cautelar.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró a los pandilleros como terroristas. Se les procesaba entonces bajo esa figura penal, aunque era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y la pena otorgada podía ser de seis a nueve años de prisión.
Con el régimen de excepción, el 30 de marzo de 2022, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para endurecer las penas contra pandilleros. Las pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se consideran penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Sus cabecillas podían recibir, hasta la nueva reforma, de 40 a 45 años de cárcel.
Villatoro mencionó como argumentos sobre el cambio legal que “la causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista sea suficiente para incrementar un tercio la penas”. Y subrayó que si para el delito de agrupaciones ilícitas el máximo es de 45 años, “se incrementará en un tercio, para llegar a una condena para los cabecillas de 60 años”.