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Gobierno de Ortega ordena cierre de Cruz Roja en Nicaragua por "atentar contra la paz"

Este es la última represión del Gobierno nicaragüense en una serie de ataques contra órdenes religiosas, organizaciones benéficas y grupos cívicos

Un manifestante herido recibe primeros auxilios después de ser herido por un disparo de escopeta durante enfrentamientos con la policía, mientras protestaba contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 28 de mayo de 2018. El parlamento de Nicaragua cerró la Cruz Roja Nicaragüense el miércoles, mayo el 10 de octubre de 2023 bajo el argumento de que atentó “contra la paz y la estabilidad” durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos.

Un manifestante herido recibe primeros auxilios después de ser herido por un disparo de escopeta durante enfrentamientos con la policía, mientras protestaba contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 28 de mayo de 2018. El parlamento de Nicaragua cerró la Cruz Roja Nicaragüense el miércoles, mayo el 10 de octubre de 2023 bajo el argumento de que atentó “contra la paz y la estabilidad” durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos.Esteban Felix

Nicaragua aprobó una ley el miércoles para cerrar la Cruz Roja del país, coronando una campaña en la que el gobierno ha expulsado a órdenes religiosas, organizaciones benéficas y grupos cívicos.

La Asamblea Nacional votó para cerrar la Cruz Roja Nicaragüense, acusándola de “ataques a la paz y la estabilidad” durante las manifestaciones antigubernamentales en 2018. La Cruz Roja local dice que solo ayudó a tratar a los manifestantes heridos durante las protestas.

La asamblea, dominada por el partido sandinista del presidente Daniel Ortega, ordenó al Departamento de Salud del país crear “una nueva Cruz Roja de Nicaragua”. No está claro cómo el sobrecargado sistema de salud del país obtendría el dinero para hacer eso.

La Cruz Roja actual, fundada en 1958, se financia en gran parte con donaciones internas. La nueva ley también confiscará las propiedades de la Cruz Roja en Nicaragua y las entregará al gobierno.

Los grupos de derechos humanos estiman que durante la represión del gobierno contra las protestas de 2018, 355 personas murieron y unas 2000 resultaron heridas.

La represión desde entonces ha encarcelado o exiliado a casi toda la oposición organizada del país y ha ilegalizado o clausurado más de 3.000 grupos cívicos y organizaciones no gubernamentales.

Muchos de esos grupos brindaron atención médica o servicios sociales en un país empobrecido donde los servicios gubernamentales no pueden cubrir las necesidades de la gente.

El gobierno de Ortega ha cerrado grupos cívicos que van desde un centro ecuestre hasta la Academia Nicaragüense de Letras de 94 años.

Ortega ha acusado a los grupos cívicos y activistas de la oposición de trabajar con intereses extranjeros en un intento de derrocar a su gobierno.

En abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua luego de que el gobierno del país propusiera suspender las relaciones diplomáticas.

Dos congregaciones de monjas, incluida la orden de las Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa, fueron expulsadas de Nicaragua el año pasado.

El destacado obispo católico Rolando Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión el mes pasado luego de negarse a abordar un avión que llevó a 222 disidentes y sacerdotes al exilio en los Estados Unidos. También fue despojado de su ciudadanía nicaragüense.

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