Programa protegerá archivos digitales de prensa Centroamérica

Las publicaciones digitales de medios de comunicación centroamericanos serán resguardadas bajo un programa llamado Archivo Independiente de Medios de Centroamérica (CAIMA) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se anunció el miércoles.

El primer archivo resguardado será el de El Periódico, un medio de comunicación anticorrupción guatemalteco que funcionó durante 26 años y que cerró sus puertas en mayo de 2023, luego de la detención y encarcelamiento, sin condena, de su presidente el periodista guatemalteco José Rubén Zamora.

Los archivos del medio contienen decenas de investigaciones periodísticas que pusieron al descubierto actos de corrupción de varios funcionarios y particulares durante los gobiernos de Otto Pérez Molina (2012-2015) , Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), entre otros.

En un comunicado de prensa USAID, la familia Zamora, y el Bard College —que alberga el archivo digital— anunciaron que este es “un esfuerzo innovador para preservar el periodismo independiente en Centroamérica”. El archivo será accesible al público a partir de enero de 2025.

Según el comunicado el archivo se fundó “en respuesta a las crecientes presiones sobre el periodismo en Centroamérica... (el que) se erige como un bastión para la libertad de prensa”, con el fin de preservar y proteger el periodismo centroamericano en momentos de cambios políticos drásticos en la región.

“Nuestro objetivo es preservar el primer borrador de la historia de Centroamérica y garantizar que el valiente trabajo de los periodistas permanezca accesible para generaciones futuras,” dijo en el comunicado Ramón Zamora, Coordinador de CAIMA e hijo del periodista guatemalteco. “Este archivo es tanto un escudo contra la censura como un recurso para periodistas e investigadores comprometidos con descubrir la corrupción y las tendencias regionales.”

periodistas exiliados

En el 2023, durante el gobierno de Giammattei más de una docena de periodistas guatemaltecos buscaron el exilio denunciando criminalización por parte de la fiscalía por las investigaciones periodísticas que publicaban. Una situación similar se ha dado con periodistas en El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Entonces, la fiscalia guatemalteca acusó a Zamora —quien actualmente tiene arresto domiciliario, alternativo a la prisión— por delitos de lavado de dinero, obstrucción a la investigación y falsificación de documentos en dos casos distintos.

En un primer caso la fiscalía asegura que Zamora lavó unos 38.000 dólares, producto de la venta de una donación, para pagar cuentas del medio. Zamora había pedido a un amigo que deposite el dinero en un banco pero en lugar de esto la persona denunció al periodista. Por este caso Zamora permaneció más de 800 días en prisión, sin haber sido condenado. El periodista denunció que en prisión padeció torturas.

Por ese caso, un tribunal lo condenó a seis años de prisión, pero la condena fue anulada por fallos en el debido proceso. Además, en otro proceso, la fiscalía lo acusó de mentir en el primer caso y falsificar boletas migratorias cuando salía de viaje. Por ambos casos, los jueces ordenaron su detención y tras ser revisado se le otorgaron medidas alternativas.

En medio de las presiones por la detención del periodista, el medio dejó de imprimirse, luego despidió al 70% de sus trabajadores y más tarde cerró por completo.

La fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche también inició investigaciones contra nueve periodistas y columnistas del medio que publicaban los abusos de poder de jueces y fiscales, la mayoría salió al exilio.

Curruchiche fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia al igual que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Giammattei.