El primer ministro de Australia critica a Elon Musk por llamar "fascista" a su Gobierno

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, criticó este sábado al dueño de la plataforma X, Elon Musk, que llamó "fascista" al Gobierno australiano por anunciar una propuesta de ley para que las redes sociales paguen multas si no controlan las noticias falsas.

"Bueno, las redes sociales tienen una responsabilidad social. Si el señor Musk no entiende esto, eso dice más sobre él que sobre mi Gobierno", indicó Albanese a los periodistas en Camberra, según una transcripción facilitada por su oficina.

La propuesta prevé que las redes sociales y las plataformas digitales puedan ser multadas con hasta el 5 % de sus ingresos globales si difunden noticias engañosas y falsas que causen daño grave.

"Fascista" escribió la noche del jueves Musk en su cuenta en X, al compartir la noticia sobre el proyecto de Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Información Errónea y la Desinformación) de 2024, que fue presentado el jueves ante el Parlamento de Camberra.

Este proyecto, dicen las autoridades, busca combatir el grave daño que causa la distribución de información errónea y la desinformación en la seguridad, salud y bienestar de los australianos, así como a la democracia, la sociedad y la economía del país oceánico.

El asistente del Ministerio del Tesoro de Australia, Stephen Jones, ya calificó el viernes los comentarios de Musk como una "chifladura", al recalcar que la propuesta de ley responde al ejercicio de la "soberanía" de su país, como de cualquier otro, para mantener a sus ciudadanos "a salvo de los estafadores, a salvo de los delincuentes".

Con la ley, el Ejecutivo de Camberra prevé dar más poderes para fiscalizar y regular a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, siglas en inglés), que podrá imponer un código de conducta, aunque no podrá retirar contenidos individuales, entre otras medidas.

Esta propuesta se enmarca en una serie de iniciativas que han sido anunciadas o presentadas ante el Parlamento contra el 'doxing' (revelar información de una persona en línea sin su consentimiento), el fraude en línea, y la imposición de límites de edad para acceder a las redes sociales.

El pasado abril, las autoridades australianas obligaron a X a retirar un vídeo de un ataque violento, pero la plataforma solo lo retiró en Australia.

Como consecuencia, la Comisión de Seguridad Electrónica denunció a X en los tribunales, pero retiraron la demanda en julio cuando otro tribunal dictaminó que una medida cautelar contra el vídeo violento fuera de Australia era "inaplicable" por la falta de jurisdicción australiana.