Fiscalía peruana investiga al primer ministro Otárola

La fiscalía peruana inició el lunes una investigación contra el primer ministro Alberto Otárola por presunta corrupción tras la difusión de un audio sobre presuntos favores que él habría hecho en una contratación irregular, ante lo cual la presidenta Dina Boluarte también le pidió explicaciones a su jefe de gabinete.

En un comunicado, la fiscalía indicó que inició “diligencias preliminares” contra el funcionario más influyente de la mandataria “como presunto instigador” del delito de corrupción en las modalidades de negociación incompatible y patrocinio ilegal en los hechos vinculados a la contratación de la joven Yazire Pinedo, de 25 años, quien fue contratada por varios meses en 2023.

La grabación de un supuesto diálogo entre Otárola y Pinedo fue difundida el domingo en un programa de la televisora local Panorama. En el audio presuntamente se escucha la voz del primer ministro de 55 años solicitándole una cita a la mujer, diciéndole “amor” y “te quiero”, y recordándole que no olvide enviarle su curriculum vitae. Se desconoce la fecha exacta de la grabación del audio.

Pinedo dijo el lunes a la televisora local N que el audio es de enero de 2021, cuando Otárola no era funcionario público y tuvieron una relación sentimental de “menos de una semana”. Señaló que hasta la fecha mantienen una relación amistosa.

En un comunicado difundido por el despacho presidencial, Boluarte advirtió el domingo que esperará a que Otárola regrese al país —se encuentra en Canada en un foro de inversiones mineras— para "solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan”. El lunes se desconocía si la controversia podría derivar en que el primer ministro deje el cargo.

“El gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la nación y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores”, añadió Boluarte.

Pedro Castillo

Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022 para suceder al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), quien fue removido por el Congreso luego de que fracasó en un intento de disolverlo. Castillo está en prisión por tres años mientras es investigado por los supuestos delitos de rebelión y corrupción.

Otárola es primer ministro de Boluarte desde el 21 de diciembre de 2022 y el funcionario más influyente de su gobierno. Dos semanas antes de asumir esa cartera, ocupaba la de Defensa, y antes de que la mandataria asumiera el mando fue su abogado personal.

La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, dijo el lunes que durante la reunión semanal de ministros fueron informados que la presidenta “ha dispuesto el retorno anticipado” de Otárola para poder “disponer las acciones convenientes”.

Posteriormente el primer ministro publicó en la red social X que adelantará su retorno al país y que entiende “la gravedad de la coyuntura política”, pero a la vez enfatizó que no ha “cometido ningún acto ilegal” y “en su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue”.

Luego de la difusión del reportaje, Otárola dijo el domingo en la misma red social que “desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”.

Agregó que “como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto”.

Un grupo de legisladores presentó una solicitud de interpelación al primer ministro. El partido conservador Renovación Popular indicó en un comunicado que, además de su dimisión, debe investigarse a quienes violan el secreto de las comunicaciones, que es “una práctica delictiva que amenaza a todos los peruanos, en especial a los políticos”, en referencia a la filtración del audio.

En noviembre la fiscalía general denunció a Otárola y a Boluarte ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con las personas fallecidas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las que se exigía la renuncia de Boluarte. Un total de 49 peruanos fallecieron en choques con las fuerzas de seguridad, según datos de la Defensoría del Pueblo.