Reforma de ley contra delitos sexuales divide a España

El gobierno de coalición español mostró el jueves su división sobre la reforma de una controvertida ley contra los delitos sexuales, que los socialistas consiguieron aprobar en el Congreso con el apoyo de la derecha y en contra de sus socios de extrema izquierda.

La votación ilustra las profundas divisiones de la coalición en el poder, a un mes de las elecciones municipales y regionales y a menos de ocho meses de las legislativas en las que la derecha aparece como favorita en la mayoría de encuestas.

"Hoy es un día triste, seguramente el día mas difícil que he vivido en este parlamento como ministra", dijo en el Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda radical Podemos, quien se oponía a la reforma propuesta por los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

"Esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres", continuó Montero, que siempre sostuvo que las reducciones de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que se produjeron tras la entrada en vigor de la ley se debió a su mala aplicación por parte de jueces "machistas".

La ley conocida como del "sólo sí es sí", porque exigía que el consentimiento en las relaciones sexuales fuera explícito, entró en vigor en octubre de 2022.

La legislación pretendía endurecer la anterior eliminando los abusos, con penas más leves, y convirtiendo todos los delitos sexuales en agresiones.

Pero para eso, los legisladores modificaron las horquillas de penas, rebajando algunos mínimos y máximos, lo que tuvo la consecuencia indeseada de que, como en España se aplican retroactivamente las nuevas leyes si benefician al reo, se revisaran a la baja numerosas penas.

Desde la entrada en vigor de la ley, casi mil delincuentes sexuales convictos vieron sus penas reducidas y más de un centenar fueron excarcelados, según datos de los tribunales, lo que desató un gran escándalo en el país.

Sánchez pide "perdón"

Consciente del riesgo político a semanas de las elecciones locales y regionales de mayo y a meses de las generales de fines de año, Pedro Sánchez se mostró partidario de la reforma aprobada este jueves, que en esencia prevé penas más duras en los casos que haya violencia o intimidación.

Podemos, cuya ministra Irene Montero fue la principal impulsora de la ley, se opuso a esta reforma alegando que se vuelve a priorizar la existencia de violencia o intimidación, en vez del consentimiento, como elementos cruciales para determinar la existencia de una agresión sexual.

El partido de izquierda radical insiste en que las reducciones de las penas se han debido a una mala interpretación de la ley por parte de jueces "machistas" y no a una incorrecta redacción del texto.

Para los socialistas, la reforma solo hace modificaciones técnicas a la ley, tendientes a evitar futuras excarcelaciones.

"Lo que hemos hecho aquí ha sido corregir lo que no estaba bien en la ley, manteniendo la esencia", aseguró el presidente del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Consciente de la sensibilidad de la sociedad con este tema, Pedro Sánchez pidió "perdón" por las consecuencias de la ley. "Pido perdón a las victimas, por estos efectos indeseados", dijo en una entrevista publicada el domingo en el diario El Correo.

La reforma de la ley se aprobó en el Congreso con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, y ahora irá al Senado, donde será refrendada con casi toda seguridad.

Los socialistas recibieron principalmente el respaldo de la primera formación de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), que criticó que "se haya tardado tanto" en corregir el error, según dijo su portavoz, Cuca Gamarra.

"Estamos ante algo inédito en la democracia, ante un gobierno que se censura a sí mismo" al reformar una ley que él mismo aprobó, continuó, reclamando "ceses y dimisiones".