La ley contra agresores sexuales enfrenta a los socios de Gobierno en España
Ese cambio ha llevado a muchos condenados a pedir que se les aplique la pena más baja como establece la legislación española
Imagen ilustrativa, archivo LD
El debate sobre una posible reforma de la ley sobre violencia sexual, para evitar rebajas de penas e incluso la salida de prisión de agresores, ha generado un nuevo desencuentro en el Gobierno de coalición en España, integrado por el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.
La conocida como ley del 'solo sí es sí', pues se basa en el consentimiento expreso para las relaciones sexuales, tiene como efecto "indeseado" rebajas de condena y algunas excarcelaciones desde que comenzó a aplicarse el pasado octubre, por lo que la parte socialista del Gobierno está dispuesta a reformarla.
Su socio rechaza esa reforma y atribuye ese efecto a una errónea interpretación de la ley, que elimina las diferencias entre abuso y violación para considerar agresión todo ataque a la libertad sexual, con unas penas mínimas más bajas y unas máximas más altas.
Ese cambio ha llevado a muchos condenados a pedir que se les aplique la pena más baja como establece la legislación española aunque fuesen condenados por una ley anterior.
Desde el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez aseguran que los dos partidos del Gobierno de coalición, "con plena sintonía", quieren contribuir juntos a encontrar una solución, aunque por ahora no coinciden en la manera de hacerlo.
Una de las opciones que se contemplan, según fuentes del Ejecutivo, es la vuelta a las penas anteriores, algo que rechaza el Ministerio de Igualdad, que dirige Unidas Podemos.
"Posible reforma"
La ministra portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, subrayó que se estudian "retoques" centrados exclusivamente en la interpretación jurídica de la norma, pero rechazó un plan de Igualdad con diez medidas urgentes para una aplicación eficaz de la ley.
Igualdad ha advertido de que ningún cambio penal puede frenar las revisiones de condenas, puesto que son consecuencia "de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley", y aunque se reformara, no supondría que se volvieran a aumentar las condenas a quienes se hayan rebajado o que los excarcelados vuelvan a prisión.
Ese ministerio plantea un decálogo de propuestas para proteger a las víctimas, entre ellas doblar los juzgados especializados en estos delitos y reforzar la fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas o crear un servicio de atención psicológica especializada.
El principal grupo de oposición, el conservador Partido Popular, se ha ofrecido a apoyar en el Parlamento una reforma, lo que desde el ala socialista se ha calificado de "oportunismo político" y por parte de su socio de un intento de la derecha de volver al modelo anterior que conllevaba un calvario para las mujeres para demostrar que hubo violencia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que Gobierno español ha sido reconocido en la Unión Europea y otros organismos internacionales por esta ley de garantía integral de la libertad sexual, que calificó como "la principal conquista feminista de los últimos veinte años" en España.
Las dos fuerzas que forman el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en el país han pasado anteriormente por otros desencuentros, aunque el presidente Sánchez ha reiterado que agotará la legislatura, hasta final de este año.