Nuevos registros en Rumania relacionados con polémico influencer británico Andrew Tate
Foto de archivo Listín Diario.
Los fiscales rumanos anunciaron el jueves nuevos registros en el marco de la investigación por proxenetismo contra el polémico influencer británico-estadounidense Andrew Tate, detenido desde finales de diciembre.
"Se emitieron siete órdenes contra propiedades" en Bucarest y en los alrededores de la capital, según un comunicado de la fiscalía encargada de la lucha contra el crimen organizado (DIICOT).
El ex kickboxer Andrew Tate y su hermano Tristán, de 36 y 34 años respectivamente, están acusados de "formar un grupo delictivo organizado, de trata de seres humanos y de violación", acusaciones que niegan.
Dos de sus familiares, de nacionalidad rumana, también fueron detenidos el 29 de diciembre, en el curso de una vasta operación realizada tras varios meses de investigación.
La red, que operaba desde 2019, ha reclutado "a varias víctimas, entre ellas menores", con fines de explotación sexual", precisó la fiscalía.
Eran engañadas por los dos hombres que fingían sentimientos hacia ellas, antes de ser obligadas a prostituirse y a producir películas pornográficas.
Los fiscales explican que identificaron "perfiles creados en sitios web para atraer clientes potenciales".
"También se han alquilado departamentos" en el centro de Bucarest y en Constanza, a orillas del mar Negro.
Dieciséis teléfonos y equipo informático "para actividades de videochat" fueron encontrados en los locales allanados el jueves.
Los investigadores también examinan varios viajes a Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, durante los cuales las víctimas fueron obligadas a prostituirse.
Los miembros del grupo recogían el dinero mediante transferencias bancarias o en efectivo.
Desde finales de diciembre se han confiscado y precintado numerosos bienes pertenecientes a los Tate, incluida una colección de automóviles de lujo.
Los dos hermanos comparecieron el martes ante el tribunal de Bucarest para tratar de obtener su puesta en libertad, pero su solicitud fue rechazada, ya que los jueces invocaron el "riesgo de fuga" y el "peligro para el orden público".