Activistas brasileños exigen se transparente el presupuesto nacional
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil / archico LD
Un grupo de activistas se dio cita este martes frente a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para pedir la extinción del denominado "presupuesto secreto", un mecanismo de distribución de recursos públicos decidido por los parlamentarios, que es cuestionado por su falta de transparencia.
El mecanismo, creado por el Parlamento a mediados de 2020 y que el actual presidente, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, ha aprovechado para ganar aliados en el Congreso, permite que los diputados y senadores decidan la inversión de fondos públicos en proyectos de manera anónima.
Desde temprano activistas de las organizaciones Río de Paz y Nossas, acompañados por miembros de otras organizaciones de la sociedad civil, extendieron frente a la sede del Supremo, en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia, una pancarta en la que se puede leer la frase "El presupuesto secreto es corrupción. ¡STF, haga su parte!".
La protesta se realizó un día antes de que la Corte Suprema comience un juicio en el que analizará si es constitucional ese mecanismo, que oficialmente se llama "enmiendas del relator", pues se trata de enmiendas a la ley de presupuestos, que son presentadas por los autores de los proyectos, cuyos nombres no se divulgan.
Mecanismo de corrupción legalizada
Para las ONG, se trata de un "mecanismo de corrupción legalizada" en el que "el Gobierno compra apoyo en el Congreso" ofreciendo un "cheque en blanco" del presupuesto federal.
El resultado son casos escandalosos de desvíos de dinero, como la compra de tractores por un valor en un 250 % superior al precio del mercado o que en un municipio de 40.000 habitantes se hayan realizado más de 540.000 extracciones dentales en un año, como lo denunció la revista Piauí en julio pasado.
Antes de que existiera el cuestionado mecanismo, la mayor parte de los recursos controlados por el Congreso eran repartidos proporcionalmente entre los parlamentarios mediante un proceso transparente en el que se sabía cuál diputado o senador utilizaba los fondos y con qué fin.