EE.UU. aprueba exención a ley para transportar combustible a Puerto Rico
El Gobierno del presidente Joe Biden aprobó este miércoles una dispensa temporal a la Ley Jones para que barcazas de bandera extranjeras provenientes de Estados Unidos puedan transportar combustible a Puerto Rico.
La medida se da como respuesta a los estragos provocados por el huracán Fiona en su paso por la isla y busca asegurar que los boricuas tengan "suficiente diésel para hacer funcionar los generadores" que se necesitan para dar electricidad, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
El gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, había pedido al Gobierno federal el martes para que se concediera una exención a la ley, argumentando que el combustible ha empezado a escasear en la isla después del paso del huracán.
La Ley Jones, conocida como de cabotaje, limita el comercio con la isla y es con frecuencia criticada, más en momentos de crisis como el actual y cuando hay un barco con diésel sin poder descargar el combustible por falta de permiso.
El mencionado barco, con 300.000 barriles de diésel, se encuentra desde el domingo frente a la costa puertorriqueña de Peñuelas a la espera de permiso federal para poder descargar el combustible.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, urgió también este martes a la Casa Blanca a acelerar la dispensa para que el barco descargue en la isla.
La Ley Jones estipula que si un barco se mueve entre dos puertos de EE.UU. debe tener bandera estadounidense y contar con tripulación estadounidense.
En este caso, el barco proviene de Texas (EE.UU.) pero tiene bandera extranjera, por lo que la ley impide el desembarco del diésel sin un permiso previo.
Ante la falta de servicio eléctrico, que sigue afectando a un 30 % de los abonados en la isla, muchas industrias, negocios y particulares están usando generadores que requieren combustible para funcionar.
El huracán, que tocó tierra en el suroeste de Puerto Rico el pasado 18 de septiembre, causó daños catastróficos en la isla, lo que llevó al Gobierno federal a declarar un estado de desastre mayor.