El Congreso español aprobó este jueves un proyecto de ley que reforma el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas.

Varias enmiendas incorporadas en el trámite parlamentario consideran ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, y reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

También recoge el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.