Borrar las huellas del franquismo un año después de exhumar al dictador

Cuando este sábado se cumple un año de la exhumación y traslado de los restos del general Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos (afueras de Madrid), el Gobierno español se propone acabar con todo vestigio de su dictadura con una nueva ley que pretende proteger también los derechos de sus víctimas.

El 24 de octubre de 2019, un helicóptero militar los llevó hasta un cementerio de las afueras de Madrid, donde fueron inhumados junto a los de su esposa, Carmen Polo.

Fue una decisión del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que originó una polémica política, mediática y social y fue objeto de varios recursos ante la Justicia, principalmente de los nietos del dictador, sus parientes vivos más cercanos.

Fue necesario para ello una reforma exprés de la ley de memoria histórica de 2007, destinada a la reparación de las víctimas del franquismo.

Al acabar la Guerra Civil (1936-1939) con la victoria de las fuerzas que se rebelaron contra la República, Franco fue jefe del Estado hasta que murió (1975) y recibió sepultura con todos los honores en la basílica de la abadía benedictina de ese monumento estatal, donde también reposan los restos de miles de víctimas de ambos bandos de la contienda.

Finalmente, el Tribunal Supremo avaló que fuera sacado del Valle de los Caídos, mandado construir por él mismo 50 kilómetros al noroeste de Madrid y símbolo de su régimen.

UNA LEY PARA TRANSFORMAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS

Exhumado Franco, el primer gobierno democrático de coalición tras la dictadura, formado en enero pasado por los socialistas y los izquierdistas de Unidas Podemos, consideró que la ley de memoria histórica se quedaba corta para la eliminación de los rastros del franquismo y para otras medidas relacionadas.

Con Sánchez al frente, el Ejecutivo se dispuso a impulsar una nueva norma. El primer paso se dio el pasado 15 de septiembre con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la que será Ley de Memoria Democrática.

Pendiente de los trámites de consulta preceptivos en el Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal antes de que pueda ser aprobada por el Parlamento, la ley declarará "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo.

Según los cálculos del Gobierno, permitirá en cuatro años recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados.

También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que allí yacen.

Prohibirá asimismo las asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", lo que afectaría a la actual Fundación Francisco Franco.

Otras medidas son la supresión de todos los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, la retirada de condecoraciones vinculadas al régimen, la fundación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos pendientes de recuperación de fosas, y la creación de una fiscalía para proteger los derechos de las víctimas.

Todo para borrar las huellas del franquismo. Según la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, es urgente para homologar la democracia española con las más avanzadas del mundo.

Mientras tanto siguen los frentes judiciales que afectan a la herencia de los Franco.

En septiembre, la Justicia condenó a los nietos a entregar el Pazo de Meirás, un palacete situado en la provincia de La Coruña (noroeste español), la residencia de verano de Franco.

Una jueza sentenció que pertenece al Estado español, ya que la compraventa del 24 de mayo de 1941, con la que el dictador lo registró a su nombre, fue una "ficción".