Liberación de presos copa la atención de Nicaragua

La liberación definitiva de 802 prisioneros por razones políticas en Nicaragua, incluyendo a 162 que están bajo arresto domiciliar, continuaba en vilo pese a que se esperaba que el gobierno y la oposición firmaran un calendario que permitiera la inminente excarcelación de todos los detenidos.

En un comunicado emitido al finalizar la última sesión de esta semana, el gobierno y la opositora Alianza Cívica anunciaron que acordaron “dar seguimiento al proceso” de liberación de los detenidos, para lo cual solicitaron apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Sin embargo, aclararon que previamente deberán “conciliar las listas” de prisioneros que manejan el gobierno, la Alianza Cívica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual se presume que obligará a demorar el proceso más tiempo de lo previsto.

Consultado por AP, el negociador de la oposición, Mario Arana, dijo que su equipo solicitó al gobierno liberar a un primer grupo de presos este fin de semana, “pero ellos nos dijeron que no podían comprometerse”.

En el comunicado, las partes indicaron que mientras se realiza el proceso de liberación, los detenidos pasarán a régimen común” y bajo las “reglas establecidas por las Naciones Unidas”, lo que supone que estarán en mejores condiciones carcelarias.

Organismos de derechos humanos han denunciado que muchas de las personas detenidas por participar en protestas contra el gobierno han sido recluidas en celdas de castigo y aislamiento, sin derecho a visitar ni a tomar sol. En algunos casos también se han denunciado torturas físicas y sicológicas.

El comunicado provocó malestar entre familiares de personas detenidas, que aguardaban su pronta liberación.

“Esto es una total burla para las madres, familiares de secuestrados, están jugando con nosotros”, dijo a la AP Jackeline Valdivia, madre del estudiante preso Nahiroby Olivas.

“Ya es la segunda decepción de la semana. Primero que son 90 días (para excarcelar a todos los detenidos), ahora que cambiaran régimen... me tiene decepcionada la Alianza Cívica”, afirmó Valdivia.

Más temprano se supo que los negociadores del gobierno y Alianza Cívica podrían aprobar el calendario de excarcelación de 640 presos.

La abogada Azahálea Solís, una de las principales dirigentes opositoras y negociadora, dijo en una entrevista con AP que otras 162 personas excarceladas desde el 27 de febrero y que están bajo arresto domiciliario obtendrán su libertad definitiva.

“Esperamos tener listo hoy viernes el acuerdo para la liberación de los presos políticos, incluyendo el calendario de salida de cada uno de ellos, sin excepción”, afirmó la jurista. Agregó que hacen “esfuerzos” para que los primeros salgan libres este fin de semana o a partir del próximo lunes.

A su vez confirmó que 802 personas detenidas desde el 18 de abril de 2018 obtendrán su libertad total y la anulación de sus cargos y juicios.

La cifra ha sido actualizada por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La OEA y la Nunciatura Apostólica son los testigos y acompañantes internacionales de la negociación que comenzó el 27 de febrero.

Esta semana, el presidente Daniel Ortega accedió a liberar a todos los “presos políticos” en un período de 90 días. Ante críticas de sectores de la oposición, Solís aclaró que se trata de “un plazo máximo y existe posibilidad de reducirlo”. Sin embargo, advirtió que el proceso “es lento y complejo” porque supone documentar con exactitud una lista larga, que incluye a reos no procesados, otros con juicios en curso y otros ya condenados.

La crisis en Nicaragua estalló en abril con protestas contra una fallida reforma del seguro social que luego se convirtieron en un reclamo para que Ortega deje el poder. La violenta acción de la policía y los paramilitares contra los manifestantes civiles dejó 325 muertos y más de 2.000 heridos según la CIDH, aunque el gobierno cifra las víctimas en 198 y organizaciones de derechos humanos aseguran que los fallecidos superan los 500.