Obispos centroamericanos buscarán abogar por reforma migratoria en EE.UU.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo hoy que los obispos de Centroamérica sostendrán una reunión en noviembre próximo, en la cual buscarán acordar una posición para abogar ante el Gobierno y el Congreso de EE.UU. en favor de una reforma migratoria en ese país. "Vamos a tener una reunión en noviembre y entonces posiblemente vamos a escribir a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, pero también al Parlamento y al Gobierno de Estados Unidos, que estamos empeñados en que se dé la reforma (migratoria)", afirmó Escobar Alas en una conferencia de prensa después de la misa dominical. Manifestó, además, el deseo de la Iglesia Católica salvadoreña de que se derogue la ley antiinmigrante aprobada en el estado de Arizona, pues, a su juicio, está "en contra de los derechos de las personas". "Es racista y eso no puede ser en ningún país civilizado, menos en Estados Unidos que da ejemplo de democracia", añadió el prelado. El Gobierno de EE.UU. demandó el pasado 6 de julio a Arizona por la ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, luego de que fue firmada en abril por la gobernadora de ese estado, la republicana Jan Brewer. Por otra parte, el arzobispo se mostró complacido por la renovación del beneficio migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los salvadoreños residentes en EE.UU. "Vemos con buenos ojos, nos alegra mucho que se haya ampliado el TPS, pero la lucha nuestra es porque se dé la reforma migratoria integral para beneficio de todos, no sólo para los ocho millones de inmigrantes ilegales, sino de toda la sociedad", agregó. EE.UU. extendió el pasado 9 de julio por otros 18 meses, hasta el 9 de marzo de 2012, el TPS para 217.000 salvadoreños, en un hecho que el presidente Mauricio Funes celebró. El TPS, que incluye un permiso de trabajo, es un beneficio que la Casa Blanca concede a inmigrantes tras conflictos armados y desastres naturales y que ha beneficiado a ciudadanos de varias naciones centroamericanas afectadas por huracanes y terremotos, como es el caso de El Salvador. Washington concedió este beneficio a los salvadoreños después de que dos terremotos causaran graves daños al país en enero y febrero de 2001 y ha sido prorrogado en siete ocasiones.