Patronato Cibaeño Contra el Cáncer demanda a exdirectivos acusados de integrar organización criminal

El presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), Iván Alexis Mercader Mateo, presentó una querella formal en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa y su exesposa, a quienes acusa de conformar una organización criminal para desviar fondos de dicha institución.

Le querella fue interpuesta el pasado miércoles ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez en representación del Patronato, señalando a Lora Cruceta como principal responsable de crear una estructura destinada al desvío de fondos del Instituto Oncológico, en coordinación con Dilcia I. Vargas Sánchez (exesposa) y Luisa Yasiris Guzmán de Lora (esposa actual), a través de la Fundación TOCATERD y otros individuos.

De acuerdo con la acción judicial, presentada ante la magistrada Mirna Ortiz, procuradora general de Corte Titular de la Pepca, sostiene que los miembros de la Junta Directiva del Patronato no recibían beneficios económicos, conforme al artículo 16 de los estatutos institucionales, que establece que “estos cargos son honoríficos”. 

Sin embargo, el imputado Lora Cruceta se autodesignó un salario de 600 mil pesos bajo el concepto de “gastos de representación”, lo que califican como una burla para los pacientes más necesitados que padecen cáncer.

Conforme el documento, los imputados habrían violado los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Según explican los abogados López y Trinidad, el imputado Lora Cruceta, creó la empresa Lora Vargas & Asociados, junto a Dilcia I. Vargas Sánchez posteriormente renombrada como Vargas Guzmán Accounting Center SRL, utilizando los apellidos de su exesposa y su esposa actual para encubrir operaciones destinadas al desvío de fondos.

De acuerdo a la denuncia presentada, el imputado Lora Cruceta permitió que dicha empresa, manejada por Vargas Sánchez, cobrara a las ARS las facturas de pacientes asegurados, reteniendo un porcentaje de los pagos, pese a que el Instituto Oncológico no opera con fines de lucro, afectando así los recursos destinados a pacientes con cáncer. 

Bajo esta modalidad, los querellantes aseguran que se desviaron cientos de millones de pesos.

“Se facturaban a las ARS, unos montos superiores a los que los pacientes realmente consumían. Entonces que pasaba, que cuando el paciente iba sobre todo con los medicamentos de alto costo iba a buscar la cobertura de su tratamiento, resultaba que ya se había agotado esa cobertura, sin embargo, ese paciente no se había beneficiado de la totalidad que le cubría su seguro”, declaró la abogada Trinidad Gutiérrez.

De igual manera, se acusa al ingeniero Lora Cruceta, en asociación con Luisa Yasiris Guzmán de Lora, de crear la Fundación TOCATERD para desplazar a otras organizaciones sin fines de lucro vinculadas al Instituto y canalizar fondos en beneficio propio, apoderándose de decenas de millones de pesos.

Como elementos de prueba, el Patronato presentó memorias USB, reportajes de investigación, así como auditorías de contadores públicos autorizados.

Mercader, en representación de la Junta Directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, solicitó al Ministerio Público una investigación exhaustiva y la imposición de medidas de coerción con prisión preventiva contra los imputados.

Hasta la fecha, el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mantiene deudas superiores a los ochocientos millones de pesos, atribuibles a las irregularidades detectadas durante la gestión del ingeniero Héctor Lora.