Finjus urge aprobación del Código Penal y enumera puntos clave para su mejora
Finjus reitera la importancia de revisar los siguientes aspectos: definición técnica y precisa de los tipos penales de violación y agresión sexual, con énfasis en la pena aplicable cuando involucren a niños, niñas y adolescentes.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró los avances incorporados en la propuesta de reforma del Código Penal, pero enfatiza la necesidad de un marco normativo que armonice con el derecho procesal penal y las leyes especiales vigentes. Esto, para evitar conflictos o retrocesos institucionales.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, calificó la propuesta como "jurídicamente moderna y necesaria", destacando que incorpora avances significativos en materia de política criminal. Señaló que varias de las observaciones formuladas por la Fundación ya han sido tomadas en cuenta.
Uno de los aportes más relevantes del proyecto, según Castaños Guzmán, es la inclusión de nuevos tipos penales que responden a una demanda histórica de actualización.
Entre estos se encuentran el feminicidio, el sicariato, el acoso sexual, la estafa piramidal, el abandono de adultos mayores y los delitos ambientales.
El jurista dijo que esta incorporación representa un paso importante hacia una legislación penal más coherente con la realidad social actual. Además, señaló que el texto presenta definiciones más precisas y técnicas, lo que permite una mejor identificación de las conductas antijurídicas y fortalece la seguridad jurídica en su aplicación.
Aunque subsisten ciertos aspectos que podrían ser objeto de discusión o mejora, Finjus entiende que, si no son asumidos ahora, pueden ser debidamente ponderados durante el período de vacatio legis, sin que ello impida la promulgación oportuna de esta nueva norma.
Protección a menores y otros puntos críticos
En cuanto al tratamiento de los delitos sexuales, Finjus advierte con particular preocupación la necesidad de mantener el carácter agravado de las agresiones sexuales cometidas contra menores de edad, asegurando que el marco sancionador refleje adecuadamente la gravedad de estos hechos.
En este sentido, la Fundación sostiene que el debate legislativo sobre si la pena aplicable debe oscilar entre 10 a 20 años o 20 a 30 años de reclusión mayor debe abordarse desde un enfoque de protección reforzada a la niñez, estableciendo sanciones proporcionales al daño ocasionado y coherentes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado dominicano.
Asimismo, Finjus reitera la importancia de revisar los siguientes aspectos: definición técnica y precisa de los tipos penales de violación y agresión sexual, con énfasis en la pena aplicable cuando involucren a niños, niñas y adolescentes.
También respecto al tema de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en casos de interrupción del embarazo, Finjus ha observado que los partidos mayoritarios han coincidido en postergar la discusión.
La fundación reitera su posición previamente expresada sobre este aspecto, la revisión del artículo 185 sobre discriminación, con el fin de garantizar una protección efectiva contra toda forma de exclusión, la revisión del tipo penal de imputación falsa (art. 357), considerando sus implicaciones para el acceso a la justicia.
Igualmente, revisión del tipo penal de espionaje (art. 396), considerando los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por la República Dominicana, valoración sobre la inclusión de la iglesia en el artículo 14, dada su naturaleza diferenciada, evaluación sobre la utilización del término "infracción", a fin de distinguir con mayor claridad las conductas delictivas que afectan bienes jurídicos relevantes.
Finjus enfatiza que la entrada en vigor del nuevo Código Penal no puede seguir postergándose. Su aprobación representa una herramienta fundamental para mejorar la respuesta institucional frente a fenómenos delictivos complejos, proteger derechos fundamentales y consolidar el Estado de derecho en la República Dominicana.
