Casos judiciales se alargan por años en la palestra pública y los tribunales

Desde casos de sobornos y corrupción contra el Estado hasta asesinatos y venta ilegal de terrenos han permanecido durante años en la palestra pública y la justicia, en ocasiones por reaperturas de casos, nuevos testigos presentados o revisiones ante otras entidades judiciales.

Uno de los más recientes es el caso de la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, a más de siete años se haber sido denunciado.

Parte de los implicados en este caso fueron Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quien fue acusado de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco, entre otros delitos.

También, Irving Cruz Crespo, exconsultor jurídico de Corde, y Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad. Ambos fueron acusados de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco.

Mientras que Carlos Gómez Williams, Julio Gómez Williams y las personas jurídicas de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., Soluciones Electrónicas Sirene S.R.L. y Tecnology Dominicana S.R.L., se les acusó de asociación de malhechores, estafa y desfalco en contra del Estado.

A Domingo Lebrón se le agregaba el delito de soborno. Otras fueron Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L, y la agrimensora Lisetel González.

El 5 de abril de 2023 se destituyó al juez Juan Francisco Consoró, quien emitió un auto de no ha lugar a favor de todos los implicados. En abril de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de las imputaciones a Almánzar y demás acusados en el caso. La razón fue el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Ahora, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró que la venta de estos terrenos fue” irregular”.

JUNIOL RAMíREZ

El caso del abogado Yuniol Ramírez es otro que a más de siete años continúa sonando en el ámbito de de la justicia.

El trágico hecho ocurrió el 12 de octubre de 2017, cuando la víctima fue encontrada con una cadena en el cuello y atada a un block en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Pero antes de esto, justamente el 19 de junio del mismo año, Ramírez solicitó al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, que le entregara documentos sobre la cantidad de autobuses reconstruidos entre 2012 y 2017. Pero esto nunca ocurrió y el abogado depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rivas contactó a Argenis, para que lo ayudara a buscar una solución a esta situación.

También Rivas contactó a Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, y a Eddy Rafael Santana Zorrilla, exsuplidor de la misma entidad, para llegar a un acuerdo con Ramírez.

Pero todo terminó en la muerte del abogado y también profesor.

Argenis Contreras, quien desde el principio se señaló como autor intelectual del hecho, estuvo prófugo de la justicia por unos tres años, y no fue hasta 2021 cuando regresó a territorio dominicano para enfrentar la justicia.

Contreras fue condenado a 20 años para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo hombres.

Mientras que Rivas fue descargado; Rosario, sentenciado a un año de prisión e inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años.

Los demás, Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, Lilian Francisca Suárez Jáquez, Víctor Ravelo Campos, y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande, fueron absueltos por falta de pruebas.

Este año, específicamente en julio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició el juicio de fondo contra Contreras y los demás vinculados con la muerte de Ramírez.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la apertura de un nuevo juicio y con esto se anuló la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado, en septiembre de 2022, de condena a Contreras y se sentenció a Rivas a dos años de prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

constructora brasileña

El caso Odebrecht en República Dominicana comenzó a sonar a partir del 29 de mayo de 2017, con apresamientos de personalidades del mundo político por supuestos casos de sobornos millonarios vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

Solo en este país se habrían pagado US$92 millones entre el 2001 y 2014, durante diferentes periodos gubernamentales.

En un principio fueron vinculadas 13 personas: el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Temistocles Montás; el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura; el representante de Odebrecht en el país, Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Además, Andrés Bautista; el exvicepresidente de la CDEEE, César Sánchez; Máximo de Óleo, exadministrador de la de Egehid; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); y el exdiputado Ruddy González.

En un principio el Ministerio Público estaba pidiendo 18 meses de prisión como medida de coerción.

Sin embargo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron enviados a prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.

A Rondón lo mandaron a la Penitenciaría Nacional La Victoria.

A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, les dictaron nueve meses de arresto domiciliario; mientras que a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín les impusieron fianzas de cinco millones de pesos e impedimento de salida.

En octubre de 2021 fueron condenados solo dos personas en el caso: Rondón y Díaz Rúa, a ocho y cinco años respectivamente. Sin embargo, se mantuvieron en libertad debido a que el tribunal rechazó mandarlos a la cárcel.

Tres años después, en agosto de 2024 la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió a Rondón y a Díaz Rúa del caso de sobornos y con esto se ordenó que se les devolvieran sus bienes. Esta medida fue tomada por falta de pruebas y ausencia de un delito precedente.

Aunque se creía que no se mencionaría más el caso, en septiembre de este año, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, pidió ante el Tribunal Constitucional (TC) que se anulara la decisión de absolver a estos dos acusados en el caso. Por lo que actualmente esta revisión se encuentra en el TC.

caso antipulpo

El caso de corrupción contra el Estado, conocido como Antipulpo, se inició en noviembre de 2020. Como parte de las investigaciones de este caso se presume que se habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos, mediante el mecanismo de usar empresas vinculadas a imputados para obtener contratos fraudulentos.

Los acusados iniciales fueron Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del exmandatario Danilo Medina. También, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Sin embargo, a casi cuatro años de su inicio, el Ministerio Público sigue presentando más testigos. Solo a inicios de esta semana presentó a cinco nuevos: Rosanna Ramírez Paulino, con quien el Ministerio Público incorporó conduces de entrega de equipos médicos suministrados por la empresa Domedical Supply, S.R.L., vinculada al acusado Alexis Medina, en el Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Además, Marlín Elizabeth Ledesma Vásquez declaró que en el Hospital Toribio Bencosme, provincia Espaillat, solo recibió una parte de los equipos y mobiliarios prometidos por Domedical Supply, S.R.L.

Asimismo, a Arys A. Emeterio Ramos, perito de informática forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), les presentó 11 informes periciales realizados a equipos electrónicos y dispositivos incautados durante la Operación Antipulpo.

Claudia María Cabral Dalder, directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda desde el 2020, fue otra de las testigos.

Ella les mostró una certificación relacionada con siete solicitudes de pago a favor de Domedical Supply, S.R.L., presentadas por el condenado Francisco Pagán, por RD$922,074,848.60.

“Dichas solicitudes estaban dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y fueron procesadas en un período de siete días, cuando lo habitual es que este tipo de pagos tarde alrededor de dos meses”, indica el MP.

La audiencia continuará este miércoles 23 de octubre, tras ser recesada por las juezas Claribel Nivar Arias, Arlín Ventura Jiménez y Yissel Soto Marte del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.