Desde "Antipulpo" hasta "Calamar": un océano de operaciones anticorrupción

En los últimos años, la mayor parte de las operativos anticorrupción y lavado de activos encabezados por el Ministerio Público han tenido curiosos nombres vinculados a especies marinas. Antipulpo, Caracol, Coral y Coral 5G, Medusa, Larva y el más reciente: el denominado Calamar, son solo algunos de los implementados por el órgano persecutor. Uno de los más sonados ha sido la operación Antipulpo, investigación dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). De acuerdo con un reportaje escrito por el 28 de abril de 2021 por LISTÍN DIARIO, se explica que &#39;&#39;todas las operaciones ejecutadas llevan a un solo objetivo: intentar poner fin a la corrupción administrativa, por eso los términos que utiliza se entrelazan uno con otro. El pulpo se come al caracol y los corales protegen al pulpo, desenvolviéndose los tres elementos relativamente en un mismo ambiente&#39;&#39;. Mientras que con la nueva operación denominada “Calamar” se actualiza la lista de los servidores públicos implicados en casos de corrupción administrativa, los cuales suman un total de ocho procesos judiciales que involucran a exministros y directores del pasado Gobierno de Danilo Medina. Esta nueva operación incluye al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, como los principales funcionarios acusados de supuestamente estafar al Estado. Además del ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Según la imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados, estos son acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros. En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional. Este nuevo operativo se suma a los seis casos anticorrupción bajo la gestión de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que han llevado a la cárcel a la mayoría de sus implicados, quienes durante el proceso se le ha variado la medida de coerción. A continuación resumimos el estatus de las demás operaciones “anticorrupción administrativa”, con peculiares nombres, que la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto en marcha. En noviembre de 2021 salió a la luz la Operación Antipulpo, un caso que implica a 10 funcionarios vinculados a la gestión gubernamental de Danilo Medina, y que los acusa de formar una red de corrupción en detrimento del Estado por sumas millonarias. El Ministerio Público señaló a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente, como líder del supuesto entramado. Recientemente fue enviado a juicio de fondo junto a otros 13 implicados. Otros cuatro ya fueron condenados a cinco años. Otros implicados: Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE); Julián Esteban Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo, fueron condenados, luego de realizar un acuerdo con el Ministerio Público. El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby homologó dicho acuerdo y sentenció a Pagán a cinco años de prisión y tres de ellos suspendidos, a Suriel Suazo, a cinco y tres suspendidos y a Ariel Castillo, dos años de prisión condicional. Mientras que al imputado Domingo Antonio Santiago se le dio un principio de oportunidad, tras acoger el dictamen del ministerio público. La primera operación que salió a relucir contra la corrupción fue “Coral”. Esta involucró a figuras de los cuerpos castrenses acusándolos de integrar un entramado militar y policial con el interés de depredar al erario por más de RD$3,000 millones. Adán Cáceres Silvestre fue el principal implicado y señalado como el jefe del entramado. Desde mediados de diciembre del 2022 inició a cumplir arresto domiciliario luego de que le variaran la medida de coerción junto a otros imputados. Se trata de Rafael Núñez de Aza, quien deberá de pagar RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país. En el caso de otra acusada, la pastora Rossy Guzmán, le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico Mientras que, al hijo de Guzmán, Tanner Flete, además del arresto domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá usar un brazalete electrónico. Otros acusados fueron Alejandro José Montero Cruz y Alejandro Girón Jiménez. Este último guarda arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador. En noviembre de 2021 se puso en marcha “Coral 5G”, una clase de mutación de la primera operación denominada Coral. Allí fueron apresados el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, quien también fungió como jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); al general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD. Otros implicados son los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle. Recientemente, el pasado 14 de este mes, cuatro de estos acudieron a la Corte de Apelación y al Sexto juzgado en busca de la variación de la medida de coerción que pesa en su contra. Actualmente, el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército Nacional, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón, se les impuso prisión domiciliaria. Es el tercer caso del Ministerio Público que se puso en marcha en junio de 2021, luego de realizar más de 38 allanamientos e investigaciones. Allí resultaron apresados el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, como principal implicado. Fue señalado como “cabecilla” de un supuesto entramado de corrupción que operaba en el PGR mientras fungía como su titular. Actualmente, el 18 de enero de este año el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional le varió la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario y otras condiciones, medida que el exprocurador acogió deseando “buenas noches a los presentes y que Dios les bendiga”. También le fue impuesta una garantía económica ascendente a la suma de cincuenta millones (50,000,000) de pesos pagaderos bajo la modalidad de contrato a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines; además de impedimento de salida del país. El imputado tendrá que utilizar brazaletes electrónicos de rastreo para asegurar la el cumplimiento del arresto domiciliario. Dentro de las principales acusaciones en contra del exfuncionario es que se encargaba de desviar fondos por más de RD$6,000 millones del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. La operación incluyó el arresto preventivo por 18 meses de Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza Ibarra. Asimismo, Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado cumplen arresto domiciliario. En tanto que Miguel José de Moya debe pagar una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, presentación periódica e impedimento de salid. Fue puesta en marcha el 27 de octubre de 2021. En su primera etapa incluyó al menos 26 allanamientos en apartamentos, negocios y una villa ubicados en distintos sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Cap Cana. De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados en la red están directamente vinculados a la estructura criminal dedicada al narcotráfico, con operaciones que datan desde el año 2019. El MP solicitó prisión preventiva en contra de 12 de los implicados en la presunta red, entre los principales figura Jorge Luis Herasme Estrella, quien según las autoridades fue miembro “clave” de la organización criminal. También están acusados María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estrella, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez, Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes, Luis Jiménez, Miguel Ramón Santos Comprés, Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz. El caso "Caracol" ha sido objeto de investigación por parte de la Procuraduría desde febrero del 2021, en relación con los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, entre otros. Entre los imputados se encuentran el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Valencia, y los exmiembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciado Corporán de Rincón y Félix Álvarez Rivera. A pesar de que el proceso de investigación ha estado en curso por algún tiempo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna medida de coerción ni acusación contra ninguno de los implicados. Se espera que la Procuraduría continúe llevando a cabo su investigación con rigurosidad y transparencia, asegurándose de que se haga justicia en este caso y se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

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