Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra cabo de la armada por asesinato de médico

Víctor Manuel Saldaña Hernández, conocido como Julio, se enfrenta a cargos por violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por haber planificado y ejecutado el asesinato de Espinal Castillo.

Cabo del Ejercicio Nacional,  Víctor Manuel Saldaña Hernández.

Cabo del Ejercicio Nacional, Víctor Manuel Saldaña Hernández.Fuente Externa

La Fiscalía de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la instancia de solicitud de medida de coerción contra un cabo de la Armada Dominicana a quien le imputa el asesinato de Enrique Antonio Espinal Castillo, médico en perinatología de esa ciudad.

Víctor Manuel Saldaña Hernández, conocido como Julio, se enfrenta a cargos por violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, acusado de haber planificado y ejecutado el asesinato de Espinal Castillo.

De acuerdo a la acusación el homicida se reunió en su casa del barrio Los Guandules del distrito municipal Hato del Yaque, donde lo mató al propinarle golpes contusos en cráneo y rostro.

El cuerpo de Espinal Castillo fue encontrado el pasado lunes 5 agosto en unos terrenos baldíos de La Costa de Rafelito en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, donde el victimario, oriundo de esa demarcación, lo trasladó y dejó abandonado luego de llevarlo en el baúl de la jeepeta Hyundai, modelo Tucson, color blanco, propiedad de la víctima, desde el distrito municipal Hato del Yaque.

"La Fiscalía de Santiago tiene y ha puesto a disposición del tribunal, múltiples evidencias de irrefutable probación contra el victimario, incluyendo entre estas imágenes del recorrido que hizo el imputado desde Santiago hasta San Cristóbal, a bordo del vehículo, para desaparecer el cuerpo de la víctima", señala un comunicado de prensa.

El imputado permanece en prisión luego de que la jueza Yeritza Cabral de la Cruz, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, le ordenó el pago de una garantía económica de $ 500,000 pesos, como medida de coerción, por el porte de un arma de fuego ilegal, la cual le fue encontrada al imputado durante su arresto, cuando era requerido por el Ministerio Público para fines de investigación.