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Jueza intima al MP presentar acusación en 15 días en contra de imputados en caso Calamar

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), buscaban con la prórroga que el tribunal les otorgara un plazo de 4 meses para la presentación del acto conclusivo

La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este lunes la prisión preventiva que fue impuesta como medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales imputados por el Ministerio Público en el denominado caso Calamar.

Wilson Camacho, titula de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)

La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intimó hoy al Ministerio Público presentar en 15 días la acusación en el caso Calamar.

La magistrada Franchesca Pontantini tomó la decisión tras acoger un pedimento planteado por la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que había pedido declarar inadmisible la solicitud de prórroga.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), buscaban con la prórroga que el tribunal les otorgara un plazo de cuatro meses para la presentación del acto conclusivo.

El planteamiento fue presentado por los abogados Laura Acosta y Luis Rivas, de Gonzalo Castillo; Edward Núñez, de Donald Guerrero, a lo que se sumaron los abogados de José Ramón Peralta, doctores Santiago Rodríguez, Emery Colomby Rodríguez, Pedro Balbuena y Chanel Liranzo Montero.

En sus alegatos la defensa plantea que el primer plazo que vence es el de los ocho meses otorgado por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, que conoció la solicitud de medida de coerción, quien al declarar el caso complejo otorgó ocho meses a los fiscales para que concluyeran la investigación período que a su juicio finalizó en noviembre del año pasado.

Sostienen, además, que posterior a eso el pasado 18 de marzo se cumplió un año de la imposición de la medida de coerción y ya pasaron hasta los diez días para la intimación al ministerio público para que presente acto conclusivo.

Señalan que el numeral 12 del artículo 44, del Código Procesal Penal establece que una de las causas de la extinción penal es el “Vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo”.

Sostienen los abogados que, en fecha 17 de noviembre del 2023, habiendo transcurrido siete meses y 19 días desde la imposición de la medida de coerción, la Pepca, depositó en el tribunal, una solicitud de prórroga para presentar acto conclusivo.

Empero, la defensa de los imputados sostienen que al día de hoy dicha solicitud no se ha podido conocer, todo esto en detrimento de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y los demás inculpados.