JUSTICIA
Senadores y diputados han desfilado ante SCJ por graves imputaciones penales
Algunos han sido exonerados de responsabilidad penal, como el caso del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y el diputado por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Edificio sede de la Procuraduría General de la República, situada en el Centro de los Héroes.
Senadores y diputados han pasado por la Suprema Corte de Justicia con procesos que van desde presuntos actos de corrupción, lavado de activos, violación de propiedad y violencia física.
Algunos se ellos han sido exonerados de responsabilidad penal, como el caso del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y el diputado por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Mientras que el diputado perremeísta Sadoky Duarte, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida, por ultraje y violencia contra la autoridad pública y en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, hay un proceso abierto por lavado de activos.
Mientras que el ministerio público investiga a los diputados Sergio Moya, alias “Gory”, por el Distrito Nacional, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago.
Igualmente a Faustina Guerrero Cabrera, del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales.
procedimiento
Las fases de investigación, instrucción y juicio que se le conozca a los legisladores son de la exclusiva competencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La Constitución dominicana y el Código Procesal Penal establecen la jurisdicción privilegiada y el procedimiento a seguir en ese tipo de casos, que deben ventilarse cumpliendo las reglas comunes.
Empezando por la Carta Magna, el artículo 154 dispone que corresponde a la Suprema conocer, en única instancia, las causas penales seguidas, entre otros, a senadores y diputados.
Todo el proceso es conocido por jueces de la Suprema, desde la investigación, la coerción, la audiencia preliminar, juicio de fondo, la apelación y la casación.
En virtud a lo preceptuado por el artículo 377 del Código Procesal Penal, en los casos de privilegio de jurisdicción en razón de la función que desempeña el imputado, se aplica el procedimiento común.
Conforme al artículo 379 del Código Procesal Penal, corresponde al presidente de la Suprema designar a un juez de esa Alta Corte, para que conozca la fase de instrucción, quien luego no podrá intervenir en el juicio.
Los recursos de apelación serán conocidos por la cámara penal y los de casación, por el Pleno de la Suprema.
Sergio Moya de la Cruz (Gory), diputado del PRM.
"gory" moya
Otro legislador, que también se encuentra un juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia apoderado para velar por el control de la investigación del ministerio público, es el diputado Sergio Moya, alias Gory, acusado en el caso Calamar.
El caso al principio había sido apoderado al entonces juez de la instrucción especial de la Suprema, Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional (TC).
Sin embargo, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, mediante auto designó al magistrado Justin para que lleve el control de la pesquisa en contra del legislador.
El ministerio público solicitó la designación del juez para el legislador por las imputaciones preliminares de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Otros diputados, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales, también tienen una abierta una investigación por parte del ministerio público.
En contra de los tres legisladores el ministerio público solicitó la designación de un juez de instrucción especial, para el control de las investigaciones señaladas como parte de la red denominada Falcón acusada por el Ministerio Público de narcotráfico, asociación de malhechores y lavado de activos.
Nelson Rafael Marmolejos Gil. Foto: Cámara de Diputados de la Repúlbica Dominicana.
marmolejos gil
De acuerdo al Ministerio Público, Marmolejos Gil obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
Diputado del PRD, Héctor Darío Féliz "Pirrín"
darío feliz
Mientras que Darío Feliz, está señalado por transportar una de las personas de esta red, con la intención de sustraerlo de la investigación.
La diputada Guerrero Cabrera es esposa de Juan Maldonado Castro, vinculado a la red Falcón. Castro era director de Comunidad Digna y fue suspendido tras su vinculación en este caso.
La diptuada Rosa Amalia Pilarte en una de sus intervenciones en la Cámara de Diputados
rosa amalia
Actualmente, la diputada Rosa Amalia Pilarte, del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), por La Vega, enfrenta un juicio de fondo, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La audiencia, fue aplazada para el 13 de febrero, por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a fin de dar oportunidad a que se decida un incidente planteado por la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público solicitó al tribunal que sea incluido en el proceso un testigo, 4 pruebas documentales y una pericia que fueron excluidas por el entonces juez de instrucción especial Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional.
Diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Gregorio Domínguez
gregorio domínguez
Otro diputado, que se vio en la Suprema Corte de Justicia fue el diputado de la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de desalojo ilegal y demolición de la vivienda de la señora Lucila Nelly Capellán, en Punta Rucia, Puerto Plata.
Empero, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema, declararon al legislador no culpable de los hechos por insuficiencias de pruebas e incoherencias en los testigos presentados por la parte querellante y el Ministerio Público.
El caso ocurrió en pandemia cuando el ahora diputado hacía campaña política en la zona, y en reiteradas ocasiones negó que se encontrara en el lugar de la demolición.
otro proceso
A pesar de que el diputado Gregorio Domínguez fue descargado, hay otro juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias Arzeno, apoderado del control de las investigaciones en su contra en torno a una querella por violencia física.
El ministerio público solicitó la designación del juez para el control de las investigaciones de la querella que interpuso una estadounidense de 66 años en contra del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) .
La víctima alega en su querella que el 12 de mayo del 2021 mientras andaba con su esposo por un camino solitario en la comunidad de Punta Rucia fueron interceptados de manera repentina por Evin Augusto Domínguez Vásquez (abogado y primo hermano del imputado), conjuntamente con una turba de hombres dirigidos de manera directa y personal por imputado.
El senador Félix Bautista
félix bautista
Otro legislador que paso por el alto tribunal judicial del país, fue el senador Félix Bautista, por San Juan de la Maguana, a quien acusó de la comisión de presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos cuando estuvo al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en el período 2004-2008.
En el proceso en el cual se dictó un auto de no ha lugar se encuentran Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Gricel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
La decisión fue dictada por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, la cual fue ratificada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte.
Diputado Sadoky Duarte. Foto de archivo / LD
sadoky duarte
El diputado perremeista Sadoky Duarte, fue sentenciado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a tres años de prisión suspendida, por ultraje y violencia contra la autoridad pública.
El legislador fue encontrado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública, en perjuicio de la raso de la Policía Nacional, Disleidy Heredia Figueroa y el fiscal Francis Alberto Valerio Martínez, en un incidente ocurrido en Cotuí en el 2020.
Heredia Figueroa se querelló el 28 de diciembre del 2020 contra el diputado por agresión, pero luego retiró la querella. Sin embargo, los jueces no le dieron mérito al desistimiento.