JUSTICIA
El 17 de enero revisarán medidas de coerción a imputados en el caso "Gavilán"
Ese día, la magistrada Yanibet Rivas, quien fue apoderada como jueza control de las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público, conocerá a las 9:00 de la mañana la revisión obligatoria de las medidas
El 17 de enero, a las 9:00 de la mañana, tendrá lugar la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción a los encartados.
La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 17 de enero el conocimiento de la revisión de la medida de coerción a parte de los implicados de la red que presuntamente borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada con la Operación Gavilán.
La magistrada Yanibet Rivas, quien fue apoderada como jueza control de las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público, conocerá a las 9:00 de la mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción a los encartados.
La revisión será conocida a Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Alfredo Mirambeaux Villalona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
En el caso figuran además como acusados Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas, cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Así como también, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.