Un organismo de la ONU pide la puesta en libertad de Jean Alain Rodríguez

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha reclamado del gobierno dominicano una investigación “exhaustiva e independiente” sobre las circunstancias de la privación de la libertad al exprocurador Jean Alain Rodríguez, pidiendo que sea puesto en libertad.

Los expertos del organismo pidieron a las autoridades “adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de Rodríguez Sánchez”, que calificó de “arbitraria”.

"Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Sánchez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", señaló el grupo en su informe.

El reporte fue dado a conocer durante una rueda de prensa por el propio Jean Alain y sus abogados Gustavo Biaggi Pumarol y Nely Rivas.

El Grupo de Trabajo de la ONU analizó este caso en su 97º sesión, celebrada del 28 de agosto al 1 de septiembre, aunque su opinión legal ocurrió semanas después.

Ademadas, determinó que la detención del exfuncionario fue “arbitraria” por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones.

Aduce que Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas dos semanas de la detención, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe superar las 48 horas.

Señala que posteriormente, prosigue el dictamen del grupo de trabajo, se le aplicó una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin que se presentaran argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga, alegando que este lapso de tiempo fue no sólo excesivo, sino violatorio de las normas y garantías internacionales contra la detención arbitraria.

Destaca que durante el proceso, los magistrados se negaron a examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria, lo cual "también constituyó una violación del derecho de Rodríguez Sánchez a ser oído por un tribunal imparcial.

El grupo de trabajo también mostró preocupación por el hecho de que durante el proceso funcionarios del Estado y de la Fiscalía hicieran una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar a Rodríguez Sánchez.

Además, durante los traslados a las dependencias judiciales "fue transportado con fuertes escoltas militares para presentarlo como un criminal peligroso", lamenta el dictamen.

El grupo de trabajo también denunció que la vida de Rodríguez Sánchez estuvo en peligro durante la detención preventiva en la cárcel de Najayo, desde julio de 2021 hasta enero de este año.

defensa espera orden de libertad

Mientras, el consejo de defensa del exprocurador saludó la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y dijo esperar que el gobierno de Luis Abinader dé cumplimiento y lo ponga en libertad.

Biaggi Pumarol dijo que esta decisión se produce luego de agotar un proceso contradictorio de casi dos años en el cual participó la Procuraduría General de la República en representación del país, depositando con un retraso de 3 meses, sus extensos argumentos y acusación de más de 12,000 páginas para justificar la prisión y sus demás actos, ilegales cometidas contra Rodríguez.

De su lado la abogada Nelys Rivas dijo que con “la puesta de libertad de Jean Alain Rodríguez no se aniquila el proceso judicial “.

La defensa del ex procurador denunció ante el grupo de trabajo numerosas presiones externas en contra de su cliente durante el proceso, desde el asesinato de su escolta a amenazas de muerte a sus familiares y robos en su domicilio.

Rodríguez Sánchez es acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción con los que habría estafado al Estado con más de RD$6 mil millones de pesos.

Entre los cargos que se le imputan se encuentran soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la Declaración Jurada de Bienes, entre otros.